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Jesús Laínz

Nuevo avance del fraude guerracivilista

El totalitarismo, esa enfermedad política inventada por los izquierdistas del siglo XVIII, sigue siendo practicado con esmero por los del XXI.

Jesús Laínz
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El totalitarismo, esa enfermedad política inventada por los izquierdistas del siglo XVIII, sigue siendo practicado con esmero por los del XXI.
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La izquierda no descansa. Ésta es una de las características principales que la distinguen de la derecha, inactiva por naturaleza. Por eso a los derechistas se les llama "conservadores", porque no aspiran más que a conservar. Si al menos conservaran cosas dignas, se justificaría su existencia, pero, como ya advirtiera Balmes hace dos siglos, la única función de los conservadores es conservar la revolución. La derecha española es insuperable en este terreno: busque en los más apartados rincones de su memoria, memorioso lector, un solo caso de eliminación por tarde de la derecha española de una medida política tomada por la izquierda.

Por eso la derecha española ha perdido todas las batallas ideológicas que le ha ido planteando, astuta y paulatinamente, la izquierda. Y las seguirá perdiendo porque es imposible ganar sin presentarse al campo de batalla. Mejor confirmación de esta rendición por adelantado no ha podido dar Pablo Casado con la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo, la única del PP capaz de conectar neuronas, porque "no le interesa la batalla cultural". Digno heredero del marxista vulgar Mariano Rajoy y su eterna cantinela de "lo importante es la economía". Mientras tanto, los marxistas de verdad se dieron cuenta hace ya mucho de que en el mundo de hoy, de triunfante capitalismo universal, la lucha de clases ha quedado obsoleta y, por lo tanto, es necesario bombardear sin pausa otros muchos frentes para implantar su utopía inhumana: familia, sexo, vida (aborto y eutanasia), inmigración, racismo, religión (cristianofobia e islamofilia), nación, historia…

Quedémonos hoy con esta última, pues el PSOE ha anunciado que ha puesto manos a la obra para dar una nueva vuelta de tuerca en la falsificación de la historia del siglo XX con el objetivo de obtener réditos electorales en el XXI. Se trata de una ley que vendrá a superar la Ley de Memoria Histórica zapateriana intensificando la represión a quien ose emitir sobre Franco y su régimen opiniones diferentes de las establecidas como verdaderas por el Gobierno socialista. Especial hincapié se hará en la formación de alumnos y profesores en la única versión autorizada para ser impartida en las aulas de todos los niveles educativos. El totalitarismo, esa enfermedad política inventada por los izquierdistas del siglo XVIII, sigue siendo practicado con esmero por los del XXI.

Por iniciativa de Podemos, laboratorio de ideas del PSOE, la nueva norma llevará por nombre Ley de Memoria Democrática, evolución terminológica milimétricamente diseñada. Porque con esa palabra se reivindica para el bando republicano la condición de defensor de la democracia frente a sus enemigos fascistas. En estas mismas páginas hemos recordado a menudo las palabras de egregios republicanos que acabaron abominando de un régimen nacido con la esperanza de instaurar en España una prometedora democracia pero que no tardó en degenerar en tiranía bolchevique debido a la deriva totalitaria y liberticida de los partidos de izquierda. No repetiremos de nuevo las palabras de una lista interminable: Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Miguel Maura, Madariaga, Unamuno, Alcalá-Zamora, Clara Campoamor, Melquíades Álvarez, Sánchez-Albornoz, Lerroux, etc. Hasta el dirigente socialista Julián Besteiro admitió que los republicanos

estamos derrotados por nuestras propias culpas, por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizás los siglos.

Por eso hay que repetir, explicar y demostrar sin descanso que la Segunda República no fue un régimen democrático en el que los españoles gozasen de libertad, sino una pesadilla revolucionaria, caótica, dictatorial y criminal. Y las fuerzas que se alzaron contra ella el 18 de julio de 1936 lo hicieron en defensa de la libertad, el orden y la civilización. Mientras los españoles no tengan esto claro, España seguirá sin tener remedio.

Pero lo más importante de la nueva ley no se refiere a la reescritura del pasado. La clave de la nueva maniobra ideológica social-comunista se encuentra en que, colgando al bando republicano el heroico título de defensor de la democracia y a sus enemigos el de fascistas opresores, los que se declaran herederos de los primeros aspiran a presentarse hoy como los defensores exclusivos de la democracia frente a la amenaza de los partidos de la llamada derecha, convertidos sensu contrario en renovados campeones del fascismo.

En esta mendaz apropiación de la democracia la izquierda sigue el ejemplo de sus socios separatistas, insistentes reclamadores de la categoría de amantes de la democracia frente a una antidemocrática España que no les deja votar. Recuérdense las declaraciones, dirigidas sobre todo a los desinformados extranjeros, sobre el conflicto que en España estaría enfrentando, no a los partidarios de mantener su existencia frente a los de la secesión, no a los defensores de la Constitución frente a quienes pretenden dinamitarla sin contar con la opinión de todos los titulares de la soberanía nacional, sino a los demócratas catalanes frente al Estado fascista español.

Las ideas siempre tienen consecuencias. Quizás algunas de ellas no se aprecien a primera vista, pero es inevitable que acaben dando sus frutos. La izquierda –como sus socios separatistas– lo sabe muy bien. Por eso trabaja con la vista puesta en años venideros. La miope, analfabeta y pusilánime derecha –suponiendo que el PP forme parte de ella, lo cual es demasiado suponer– sigue sin enterarse de nada. Casado, esa versión corregida y aumentada de Rajoy, lo ha vuelto a confirmar.

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