¿Qué recuerdos albergará aún Miguel Carcaño de Marta del Castillo? ¿Qué será lo que le venga a la memoria sobre ella, cinco años después de la última vez que la vio? Solo él lo sabe. Ahora, una máquina en manos de un neurofisiólogo pretende averiguarlo.
Esta prueba neurológica pretende arrojar algo de luz sobre unos hechos de los que todavía sabemos muy poco. Equipado con un gorro lleno de cables y sensores transdérmicos, Carcaño será sometido a una batería de estímulos con el crimen como eje: cuestiones sobre fechas, lugares, ropas, sentimientos, coartadas. Se le mostrarán fotografías y se le dirán frases y se observarán sus reacciones.
A diferencia de cualquier interrogatorio policial, en este caso el sospechoso no tiene que contestar nada, se supone que su cerebro lo hace automáticamente por él: 300 milisegundos después de leída una pregunta, se activa una onda cerebral (llamada precisamente P300) cargada de información sobre el estado de ánimo de la persona estudiada. Los neurocientíficos saben que esa onda (un impulso eléctrico incontrolable) es más energética si se relaciona con un recuerdo. En teoría, si una persona ha estado en el lugar de un crimen, ha sostenido un arma implicada en el mismo o ha golpeado a alguien, esta onda debe recordarlo.
La neurología ha llegado a la Judicatura para quedarse. Cada vez hay más expertos que defienden el uso de imágenes de diagnóstico cerebral para buscar indicios en los juicios. Y también son muchos los juristas y letrados que se oponen a esta práctica. Algunos expertos en Derecho Penal aducen que indagar en las ondas cerebrales del reo es una intromisión que atenta contra un derecho fundamental. Además, según los detractores, este tipo de tests vulnera el derecho de los detenidos a no declarar en su contra.
El problema es que no está muy claro si un encefalograma es una declaración o una simple prueba pericial. Los reos no deben decir ni una palabra, es decir, no están declarando, y tampoco se realiza una actuación sobre sus cuerpos más violentas de lo que puedan ser la toma de una huella dactilar, un cacheo o la realización de un frotis para extraer una muestra de ADN de la saliva.
Un aspecto muy criticado de esta neuropráctica es que se realiza sin consentimiento expreso del detenido. Aunque cabe recordar que hace apenas dos semanas el Tribunal Constitucional avaló la toma de muestras de ADN sin consentimiento para un caso de terrorismo. En aquella ocasión se extrajo material genético de un esputo en la celda del detenido.
Estudiar la actividad eléctrica del cerebro abre la vía a nuevas aproximaciones para probar la relación de un sospechoso con un crimen. La nueva neuroley puede permitir no solo determinar la implicación de un sujeto en un asesinato, sino valorar otro tipo de conflictos, como, por ejemplo, si el dolor que dice padecer una persona para cobrar un seguro es verdadero.
Más allá de la huella dactilar, la huella neuronal se convertirá en la clave de muchos casos sin resolver en un futuro muy cercano... ¿Estamos preparados para el nuevo escenario judicial?