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Cómo meter en vereda a los micronacionalistas

De Artur Mas acaso proceda decir que es un adversario de la Constitución. Un adversario, sí, porque su verdadero enemigo es el Tribunal Constitucional.

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Rasgo no menor de ese fatalismo claudicante que se ha apoderado de los españoles de hoy es el lugar común, tan extendido, de que poco o nada cabe hacer frente a las audacias de los micronacionalistas; poco o nada con el arsenal legislativo a disposición de las Cortes, quiero decir. La Constitución misma, con sus necias lagunas e interesadas ambigüedades, abortaría cualquier afán racionalizador de la estructura territorial del Estado, nos insisten. Y acometer la reforma del Título VIII se antoja quimera más que peregrina, suelen remachar los dontancredos de todos los partidos.

Sin embargo, el mantra no se compadece con la verdad. Que nadie, ni a diestra ni a siniestra, haya metido en vereda jurídica a los secesionistas y sus satélites en los últimos treinta años no implica que sea empresa imposible. Significa, simplemente, que nadie, ni en el PP ni en el PSOE, ha sentido la genuina necesidad de llevarla a la práctica. Poder, claro que se puede. Falta querer. Se puede, sin ir más lejos, poner coto, y raudo, a ese deporte tan caro a nuestros napoleones de Notting Hill: la bulimia legislativa de los Parlamentos regionales y su gusto por invadir competencias propias de la Administración central. Una usurpación impune cuyo fundamento último no se asienta en la torpeza, infinita por lo demás, de los constituyentes del 78 sino en la más célebre maldición gitana: pleitos tengas y los ganes.

Así, el Constitucional garantiza con su legendaria parsimonia bovina que siempre haya de mediar una eternidad entre los recursos y sus sentencias. Eternidad durante la cual la Carta Magna pasa a morar en el limbo de los justos. De Artur Mas acaso proceda decir que es un adversario de la Constitución. Un adversario, sí, porque su verdadero enemigo, nadie lo dude, es ese Tribunal llamado a defenderla. Aunque soluciones hay. Lo acaba de proponer Muñoz Machado, el académico: habilítese a los jueces ordinarios a fin de que puedan dejar inaplicadas cuantas normas legales sepan contrarias a la Constitución. Inaplicadas, que no anuladas. Y tampoco cualquier ley, sino solo las de las comunidades autónomas que contradigan lo establecido en las del Estado. Bastaría con modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tan simple como eso. Poder, se puede. 

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