La cabra, es sabido, siempre vuelve al monte. Así, Junts per Catalunya, la nueva partida de Puigdemont, ya acaba de anunciar, por escrito y todo, su propósito solemne de convocar otro referéndum unilateral en el siempre improbable caso de que el conjunto de los partidos separatistas lograse superar el 50% de los votos populares en las próximas elecciones regionales, prodigio que, por cierto, jamás ha ocurrido. Algo vamos avanzando, pues. Y es que para nuestros separatistas domésticos con mando en plaza nunca había supuesto impedimento alguno carecer siquiera de la mayoría absoluta de los sufragios para lanzarse al alegre modo a dinamitar desde dentro las instituciones democráticas. En cualquier caso, si Cataluña no fuera España, Puigdemont tendría ahora mismo, tras hacer pública esa declaración de voluntad, un problema grave ante las bases del movimiento independentista. Pero Cataluña, a pesar de sí misma, sigue siendo España. Y en España, Cataluña incluida, nadie lee.
Y como tampoco aquí, en el País Petit, se lee nada ni a tiros, tampoco nadie dentro el ámbito secesionista se ha enterado aún de que Pere Aragonès, el muy inminente president de la Generalitat, defiende en un librito de reciente publicación que únicamente contando con el aval expreso del 70 o el 80% de los ciudadanos de Cataluña será posible en el futuro plantear la reivindicación de un proceso pactado de autodeterminación. La contradicción entre los socios parece que está servida. Asunto, por cierto, que debiera traer sin cuidado a los leales. Porque no deberían malgastar ni un gramo de saliva en replicar ese argumento aritmético, el del 50%. Ocurre que el 1 de Octubre no fue ilegítimo en términos democráticos por el hecho contrastado de que sus promotores carecieran siquiera de la mayoría absoluta de los apoyos entre ese censo electoral por ellos mismos acotado. Bien al contrario, si hubiesen contado con una mayoría absoluta, incluso mucho más que absoluta, su referéndum, amén de ilegal, habría seguido siendo igual de ilegítimo en términos democráticos. Y ello porque ningún principio democrático, ninguno, absolutamente ninguno, establece que debería ser solo el pueblo catalán, y no el conjunto de los españoles, el sujeto soberano llamado a decidir sobre una eventual secesión de Cataluña. Por tanto, ni una gota de saliva malgastada. Pero ni una.