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José García Domínguez

La Generalitat se sigue riendo de los jueces

Enésima sentencia. Enésimo papel mojado. Enésimo corte de mangas al Estado de Derecho.

José García Domínguez
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Enésima sentencia. Enésimo papel mojado. Enésimo corte de mangas al Estado de Derecho.

Enésima sentencia. Enésimo papel mojado. Enésimo corte de mangas al Estado de Derecho. El Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de casación interpuesto por la Generalitat contra el auto por el que acordaba requerir a la Consejería de Educación para que adopte "cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística a la nueva situación creada por la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán". Huelga decir que a la susodicha Consejería de Educación de la faltado tiempo para anunciar –también por enésima vez– que, por supuesto, seguirá sin obedecer los mandatos de los tribunales españoles sobre el particular.

En su día estableció el Supremo que la lengua mayoritaria de los catalanes, esto es, el castellano, conviviese en "equilibrio" con la vernácula dentro de las aulas escolares. Lo que traducido al román paladino significa que declaró ilegal la llamada "inmersión lingüística" por violar derechos fundamentales amparados en la Carta Magna. Bien, pues se lo siguen pasando por el arco del triunfo. Para que después se deje caer el presidente del Gobierno por Barcelona y nos explique de nuevo ese cuento tan bonito. Ya saben, el que empieza diciendo que los dictámenes del Tribunal Constitucional son vinculantes y de obligado cumplimiento para los poderes públicos: jueces, parlamentos, Gobierno y, faltaría más, administraciones autonómicas. Recuérdese al respecto la literalidad del mandato del TC sobre las lenguas oficial y catalana:

Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Eso rompería el "equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado (...) Solo los particulares pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones (...), lo que excluye que (...) quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente.

¿Cuánto tiempo más habrá que esperar hasta que el presidente Rajoy acuse recibo de la letra y la música del artículo 155, el que emula la coacción federal de la Constitución alemana? El mismo que, ante la insubordinación de una comunidad autónoma, ordena al Gobierno imponer el cumplimiento forzoso de sus obligaciones. Despierte, presidente, despierte de una puñetera vez.

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