La Unión Europea hace público cada año, en el mes de marzo, un estudio denominado Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE. Un estudio prolijo en el que se miden aspectos tan intangibles como la independencia judicial en los 28 Estados miembros.
Les ahorro el tedioso trabajo de leérselo y les doy las dos principales conclusiones: España suspende en independencia judicial y estamos a la cola de los países europeos en este asunto. Y casi me permito adelantarles los resultados de este estudio que conoceremos en los próximos días: volveremos a suspender y no dejaremos de estar en el vagón de cola.
La de la independencia judicial es una de esas asignaturas que los dos grandes partidos se empeñan en suspender sistemáticamente. Porque tener a jueces y fiscales bajo su influjo es una tentación demasiado apetitosa como para que renuncien a ella de la noche a la mañana.
Efectivamente, se trata de una sospecha ciudadana que no puede estar mejor fundamentada. Hemos visto cómo PP y PSOE han librado auténticas batallas para proceder a la renovación de muchos magistrados, postergando su elección durante años mientras se perdían en interminables debates nominales por colocar a los de su cuerda.
Sin embargo, los tiempos han cambiado y esta semana hemos visto cómo el PP y el PSOE se han apoyado mutuamente para repartirse las cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional. Explican, y honestamente tienen razón, que la ley es la que es y que el sistema de elección obliga a tramitar los nombramientos por este y no por otro procedimiento.El problema es que no han hecho nada por cambiar el sistema ni tienen intención de hacerlo.
De manera que hemos sabido que el PP apoyará a Cándido Conde-Pumpido. Es cierto que es un jurista de reconocido prestigio; sin embargo, debería pesar mucho más su pasado como fiscal general del Estado permeable y moldeable al antojo de un José Luis Rodríguez Zapatero que lo utilizó como enlace y parapeto para pilotar una negociación con ETA de la que nunca han querido darnos detalles. La explicación al comportamiento de los de Rajoy es que el PP colocará a cambio en la presidencia del Constitucional a Andrés Ollero, que ha sido diputado popular en el Congreso durante 17 años. ¿Será esta la famosa independencia judicial de la que tanto nos hablan?
El problema está en la capacidad que tiene el Gobierno (y da igual el color político) para elegir de forma discrecional a la élite judicial española y controlarla. Hablamos de los magistrados del Constitucional y del Supremo, de los presidentes de sala y de sección; los de los tribunales superiores autonómicos, los de las audiencias provinciales… Del fiscal General del Estado y de los fiscales jefe. Los partidos tradicionales se niegan a sustituir esa discrecionalidad por un sistema de ascensos reglados dentro de la carrera judicial porque saben que algo pueden rascar con el actual sistema.
Lo más grave es que en este problema es donde, por ejemplo, los independentistas encuentran motivos para justificarse y construir su argumentario.