Uno de los secretos que el Gobierno tiene cubierto con lonas en la bodega de su fortaleza es la herramienta con la que pretende evitar que se celebre el referéndum del 1 de octubre. Descartado el artículo 155 de la Constitución, los expertos tienden a pensar que Rajoy echará mano de la Ley de Seguridad Nacional, que le permite dar órdenes en todos los ámbitos de la Administración, también la autonómica, para proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos cuando esté en riesgo el orden constitucional.
Entre sus prerrogativas figura la de asumir el mando de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También, por lo tanto, el de los Mossos de d’Esquadra. Fernando Lázaro contaba el sábado en El Mundo que las últimas semanas se han producido varias reuniones entre ilustres mandatarios de La Moncloa y el Ministerio del Interior en las que se ha valorado esta opción como la más idónea para hacer frente al órdago independentista de octubre. Se trata de una ley reciente, de 2015, pactada entre el PP y el PSOE, que sólo requiere el impulso de un decreto-ley para ser activada. Esas dos condiciones, explican los expertos, contribuirían a subrayar la idea de que se actúa por consenso. Primero, porque el secretario general del PSOE era Pedro Sánchez cuando la ley se aprobó, y segundo, porque no haría falta ninguna discusión parlamentaria previa, tampoco en el Senado, con lo que se orillarían los votos en contra y los turnos discrepantes.
Sin embargo, creo que los expertos se equivocan en el vaticinio. Que me perdone Fernando Lázaro. Rajoy no utilizará la Ley de Seguridad nacional para evitar el referéndum por la misma razón de fondo por la que no utilizará el artículo 155: porque el inductor de la excepcionalidad tendría que ser él. Ninguno de los dos mecanismos puede activarse sin su orden directa. Un marrón demasiado indigesto para alguien acostumbrado a ponerse de perfil cuando arrecian los vientos adversos. Rajoy, alérgico a los riesgos y narciso de su beldad histórica, no quiere pasar a las hemerotecas como el presidente arrojadizo que dio la orden de sacudirle un mamporro al joven idealista que protegió una urna en la plaza de Cataluña, el 1 de octubre de 2017, con el mismo coraje con que un joven estudiante le cerró el paso a un carro de combate en la plaza de Tiananmen, el 4 de junio de 1989. Si puede ser, implora todos los días, que pase de él ese cáliz. Y puede ser.
Existe un tercer mecanismo para evitar el referéndum que le ahorraría el papel de Harry el ejecutor. Se trata de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, reformada en 2015 con los únicos votos favorables del PP -por entonces encaramado aún a la apisonadora de la mayoría absoluta- y el lamento unánime de la oposición. El artículo 92 de esa ley establece que para garantizar el cumplimiento efectivo de sus sentencias, el Tribunal "podrá disponer quién ha de ejecutarla y las medidas de ejecución necesarias" (apartado uno), "podrá recabar el auxilio de cualquiera de las administraciones y poderes públicos" (apartado dos) y podrá multar reiteradamente -de 3.000 a 30.000 euros- y "suspender en sus funciones a las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento" (apartado cuatro). Por sorprendente que pueda parecer, este procedimiento, que le pasa la patata caliente de la toma de decisiones a los magistrados del TC, no sólo es el preferido del Gobierno. También es el preferido del PSOE. Por tres razones distintas.
En primer lugar, porque no es lo mismo para Sánchez apoyar una decisión adoptada por el Tribunal Constitucional que por el pérfido Rajoy. Lo primero sólo puede ser interpretado como un acto de defensa del imperio de la ley. Lo segundo, en cambio, admite interpretaciones confusas. La segunda razón es que esta senda no requiere ningún debate parlamentario, ni previo ni posterior, y por lo tanto evita que el PSOE tenga que argumentar su postura. Siempre podrá decir que se opuso a la aplicación del 155, considerado por muchos catalanes -independentistas o no- como una afrenta a su autonomía, pero que no pudo ponerse al criterio del Constitucional porque no tenía jurisdicción para hacerlo. A cambio, y esta es la tercera razón, dirá que la ley aplicada no le gusta un pelo, que siempre se opuso a su promulgación y que se compromete a cambiarla tan pronto como sea posible para que nunca más pueda servir de coartada para dirimir conflictos políticos.
Los socialistas siguen convencidos de que aún hay espacio para la negociación y sospecho que en el fondo se congratulan de que el Gobierno discrepe de ese criterio. Así tienen margen para tomar la iniciativa cuando el choque de trenes de octubre haya dejado las vías hechas un asco. La culpa, dirán, ha sido de la inacción autista de Rajoy. Y como además se habrán beneficiado de las ventajas poco contaminantes de una acción comandada por el TC -y no por un Gobierno arropado por su complicidad-, aún les quedará el recurso de mandar a la hoguera la ley que ha hecho posible la catástrofe y de ofrecerse a los independentistas, amparados en ese gesto de buena voluntad, como el desfacedor de los entuertos de la derecha intransigente. A partir de ahí, músculos, vísceras y osamenta tendrán la oportunidad de trabajar conjuntamente para que el cuerpo de Frankenstein recorra como un fantasma los corredores de esta legislatura sombría.