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La Gran Muralla de Obama

Los letrados del Equipo Obama vienen haciendo horas extra para levantar impenetrables obstáculos a la información relativa a tres escándalos abiertos: el de Solyndra, el del proveedor de red LightSquared, y la operación policial Fast and Furious.

Michelle Malkin
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La Casa Blanca lamenta que América no haya construido los suficientes proyectos de infraestructuras públicas. Tonterías. Al ritmo al que está creciendo, la Gran Muralla de Obama podría ser, dentro de poco, el mayor objeto hecho por el hombre visible desde el espacio exterior.

Mientras muchos peones de la construcción siguen de brazos cruzados por todo el país, los letrados del Equipo Obama vienen haciendo horas extra para levantar impenetrables obstáculos a la información relativa a tres escándalos abiertos: el del fabricante de placas solares Solyndra, el del proveedor de red LightSquared, y la operación policial Fast and Furious.

Una cosa está clara: la administración "más transparente de la historia" sufre una reacción alérgica galopante a las investigaciones y la luz del sol.

Durante otra de las ruedas de prensa propagandísticas que son su sello el viernes, la Casa Blanca daba a conocer que va a combatir una investigación solicitada por la Cámara Republicana sobre documentos internos relacionados con el fiasco de los préstamos de dinero público del fondo de estímulo al fabricante de placas solares en quiebra Solyndra por valor de medio billón de dólares salidos. La asesora de la Casa Blanca, Kathryn Ruemmler, se mostraba irritada porque la petición de información "coloca un peso irracional a la capacidad del presidente de cumplir con sus deberes constitucionales". (Deberes, hay que destacar, que el presidente no tuvo ningún miramiento en esquivar durante su orgía de aprobación de decretos ejecutivos "No Podemos Esperar").

En realidad, molestar a la Casa Blanca pidiendo una relación contable entera sobre la forma en que Solyndra y sus principales inversores –el gestor de la campaña Obama, y multimillonario del juego, George Kaiser– dejaron la factura al contribuyente es la intrusión más inoportuna en el uso del decreto ejecutivo por parte de Obama. Alguien ya puede ir rasgándose las vestiduras. Él se siente acosado.

Ruemmler se quejaba, además, de que la investigación "representa una significativa intrusión en los intereses del ejecutivo". A continuación entonaba un lamento: "Tal como está redactada, la citación requiere todas las comunicaciones dentro de la Casa Blanca, desde el principio de esta administración a la actualidad, referidas o vinculadas a Solyndra, y la citación exige una respuesta completa en menos de una semana. De forma que cualquier documento que aluda a Solyndra, incluso de pasada, es presuntamente susceptible de ser solicitado por el Comité, y esta semana se volvía a afirmar que se pretende que la petición sea así de amplia".

Mientras ella presenta la petición como sorpresa de última hora, la Casa Blanca lleva todo el año poniendo obstáculos a la investigación de Solyndra. Como señala el autor de la revista Reason Tim Cavanaugh: entregar la documentación será "labor de unas horas, en un momento en el que la administración tiene 2,8 millones de funcionarios. La cuestión entera podría ser gestionada por becarios, dejando al presidente centrarse en el golf, los actos de recaudación de fondos y los discursos largos y aburridos".

O poniendo reparos a los demás obstáculos, como el del problemático proveedor de internet sin cable LightSquared. Se trata del peligroso derroche de Obama en banda ancha relacionado con los multimillonarios gestores de fondos de inversión Philip Falcone y George Soros.

En septiembre, dos testigos de alto nivel –el General de cuatro estrellas de las fuerzas aéreas, William Shelton, y el director de la Oficina Nacional de Coordinación del Posicionamiento, la Navegación y el Reciclaje, Anthony Russo– tiraban de la manta sobre la forma en que la Casa Blanca les presionaba para que cambiaran su testimonio ante el Congreso y restaran importancia a la amenaza de interferencia de LightSquared en las comunicaciones militares.

La Agencia Nacional de la Información y las Telecomunicaciones de la administración Obama se viene resistiendo a las peticiones presentadas a través de la Ley de Libertad de la Información por la revista GPS World en referencia al "impacto operativo y económico de la señal terrestre de LightSquared sobre los servicios de GPS". El senador republicano Charles Grassley está encontrándose con la misma oposición por parte de la Comisión Federal de las Comunicaciones a sus esfuerzos por obtener información relativa a la curiosa licencia, extendida por la instancia, que exime a la empresa políticamente enchufada de cumplir los reglamentos en su red híbrida de telefonía móvil y satélite.

Tras cinco meses de "silencio" en las comunicaciones de la Comisión, Grassley amenaza ahora con bloquear a los candidatos a la entidad hasta que la instancia escupa la documentación.

Entre tanto, Grassley y otros supervisores republicanos empiezan a procesar otras medidas de obstrucción en el Departamento de Justicia.

En una encendida vista del Comité Judicial del Senado el martes, el fiscal general Eric Holder y su séquito demócrata intentaban desviar de Obama la catástrofe de la operación policial Fast and Furious tratando de culpar a Bush. El senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer, trataba de equiparar la operación de la era Bush, Wide Receiver, con la letal catástrofe de la operación Fast and Furious de Obama en la que se esfumó un arsenal de armamento, y acusaba a los investigadores de partidismo. (No importa que la operación Wide Receiver fuera un programa controlado de forma más estricta, como informa la columnista de Townhall.com Katie Pavlich, administrado en coordinación con el gobierno mexicano, mientras que la operación Fast and Furious no proporcionó ninguna información a México y dejó cientos de cadáveres).

Más importante aún, como apunta Grassley, el Departamento de Justicia viene poniendo reparos a sus esfuerzos por obtener información relativa a todas las comunicaciones de los nueve últimos meses relativas a la sustracción de armas. Don Nomeentero es el que juega al partidismo, no el Partido Republicano.

Al cerrar su testimonio, el fiscal Holder rechazaba de forma bochornosa disculparse con la familia del agente de Fronteras abatido a tiros, Brian Terry, cuya muerte se vincula a un arma sustraída en la operación Fast and Furious, ofreciendo en su lugar "su pésame" y "lamento" mientras evitaba dar explicaciones directas.

Es hora de derribar este muro. Y la sonrisa afectada del fiscal Holder. El bulldozer de las presidenciales del año que viene ya tarda.

© Creators Syndicate, Inc.

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