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Envenenar no es barato

Los envenenadores nunca podrán pagar el daño que causan: son verdaderos peligros públicos.

Miguel del Pino
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La colocación de cebos envenenados en los campos sigue siendo uno de los mayores problemas para la rica naturaleza ibérica. Parece increíble después de todo lo que se ha insistido en la divulgación para evitar estas prácticas, pero se sigue envenenando.

No hay peor sordo que el que no quiere oír, asevera el refrán que bien se puede aplicar en este caso. La falsa creencia de que la eliminación de predadores redunda en beneficio de las especies cinegéticas ha costado la vida a centenares de especies protegidas españolas, especialmente de aves de presa, pero al menos la situación empieza a cambiar a nivel judicial. Envenenar sale caro.

Hay que felicitar a la revista Quercus, decana de la prensa ambiental, por el seguimiento que viene haciendo en sus páginas de la casuística de envenenamientos y de las sentencias judiciales que se derivan de muchos de ellos. En su cuaderno 365, correspondiente al mes de julio de este año, su punto de mira se oriente hacia Castilla- La Mancha.

En dicha Comunidad, la audiencia Provincial de Ciudad Real ha confirmado la sentencia a año y medio de prisión a un ganadero por envenenar con el producto llamado "aldicarb" a seis águilas imperiales ibéricas (Aquila adalberti).

Además el condenado deberá indemnizar con 360.000 euros a la Junta de Castilla- La Mancha por la muerte de ejemplares de una especie catalogada en peligro de extinción. Los hechos se remontan a enero de 2012 y tuvieron lugar en la finca La Encomienda de Mudela. El hecho de que dicha finca esté gestionada por el Organismo Autónomo Parques Nacionales justifica el destino oficial de la indemnización pedida por el Juez.

No es ésta la única sentencia reciente contra envenenadores de nuestros campos. En otras ocasiones la sanción incluye la prohibición de cazar durante determinado espacio de tiempo: así ha ocurrido en un juzgado de Ciudad Real que ha condenado al propietario de una finca cinegética a no ejercer su derecho de cazar durante tres años y a indemnizar al Gobierno regional con 90.000 euros.

La primera sentencia se refiere a la muerte de águilas imperiales, la segunda a la de una hembra de lince ibérico llamada Grazalema que, procedente de la cría en cautividad, había sido reintroducida en el valle jienense del Guarrizas nueve meses antes.

La crianza de especies en peligro para su posterior reintroducción en la naturaleza implica el desarrollo de programas de investigación y trabajo costosos en dinero y en esfuerzos; y muchas veces tanta dedicación y tan cuantiosos recursos se ven comprometidos por la actividad irracional de algunos irresponsables que creen proteger a las especies de caza eliminando a sus predadores.

La sombra del viejo y trágico concepto de "alimaña" sigue planeando sobre nuestra naturaleza. Si pensamos que durante buena parte de los siglos XIX y XX la eliminación de los animales de presa, llamados entonces alimañas, era sistemática y se encontraba recompensada, parece realmente increíble que aves rapaces y mamíferos carnívoros ibéricos hayan llegado hasta nuestros días.

En la actualidad, con la colocación de cebos considerada como delito ambiental y tomada muy en serio por los jueces, el primer y principal problema es descubrir a los envenenadores, aunque también es jurídicamente posible que cuando se trata de un coto éste sea el responsable de manera subsidiaria. Hay que felicitar una vez más al SEPRONA por su diligencia y eficacia al localizar y capturar, muchas veces con las manos en la masa, a los delincuentes ambientales.

Es frecuente que quien coloca el veneno no sea más que "un mandado", pero si se le sorprende en plena faena será posible tirar del hilo, llegar hasta el ovillo y dar con los responsables en el banquillo de los acusados, aunque muchas veces demasiado tarde, cuando los hechos consumados comprometen la supervivencia de las especies particularmente escasas.

En el caso de las dos sentencias que comentamos, incluyen la valoración pecuniaria del daño causado: 60.000 euros por águila imperial y 90.000 por lince ibérico. Se trata en ambos casos de especies muy escasas y de bajo índice de reproducción, de manera que la multa no es demasiado eficaz para la garantía de supervivencia de ellas, pero es interesante que empecemos a poder responder a preguntas como ¿cuánto vale un águila imperial?, ¿cuánto un lince o un buitre negro?

Los envenenadores nunca podrán pagar el daño que causan a nuestra biodiversidad. Su actividad, ilícita, los convierte en enemigos de nuestra naturaleza sólo superados en trascendencia por los incendiarios de los montes. En ambos casos se trata de personas cuya ignorancia corre pareja con sus malas intenciones: verdaderos peligros públicos.

Las sentencias y las multas deben seguir siendo ejemplares y sería bueno potenciar al propio tiempo las medidas en positivo, como el estímulo y la disminución de la presión fiscal a las fincas cinegéticas que conservan sus especies predadoras y se mantienen en equilibrio. A cada cual lo suyo.

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