La detención en Vigo de Antonio García Matos, Toniño, y de Asunción Losada Camba, máximos dirigentes de Resistencia Gallega (RG), ha pasado casi desapercibida en la opinión pública a pesar de su importancia como broche final de esa organización terrorista. RG se dio a conocer en 2005 con un manifiesto en el que, con relación a Galicia, afirmaba tener "la voluntad y la determinación colectiva de hacer valer nuestro derecho a existir como pueblo". Y para ello se propuso recoger los restos que quedaban del terrorismo nacionalista gallego –que la enlazaban con el brazo armado de la Unión do Povo Galego, la Loita Armada Revolucionaria, creada por Galiza Ceive-OLN, y sobre todo con el Exército Guerriheiro do Povo Galego, organizaciones que habían operado entre mediados de la década de 1970 y el comienzo de la de 1990–, apoyándose en la Assembleia da Mocidade Independentista (AMI). Esta última venía operando en el mercado de la violencia desde 2001, cometiendo atentados con bombas contra infraestructuras, sucursales bancarias, oficinas públicas y otros objetivos, así como atacando a distintas personalidades políticas y sociales, de manera que bajo la bandera de RG se dio continuidad a esas acciones y, sobre todo, se intensificó su incidencia, sobre todo en las provincias de La Coruña y Pontevedra.
El total de incidentes terroristas que protagonizaron AMI y RG entre 2001 y 2014 –último año éste de su actuación, pues a partir de 2015 dejaron de cometer atentados– fue de 149; y en ellos produjeron daños por valor de 3,2 millones de euros (medidos a precios de 2012). Pero, más allá de estos estragos, no produjeron daños de carácter personal. Por ello, puede considerarse que RG fue, básicamente, un grupo emergente que nunca llegó a adquirir una dimensión alarmante ni a terminar de consolidarse.
Hasta 2013, RG no fue considerada una organización terrorista por la Audiencia Nacional, que en esto actuó de forma tardía y equivocada, pues la ausencia de muertos o heridos en sus atentados fue interpretada, en una etapa inicial, de una manera benévola, sobre todo cuando en 2005 dejó en libertad a los principales actores de la campaña de atentados iniciada cuatro años antes. Pero, más allá de este error inicial, lo interesante de este caso fue la estrategia que, deliberada o no, emplearon, sobre todo desde 2008-2009, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desmantelar RG y propiciar su final.
Como otras organizaciones de esta naturaleza, RG disponía de un entorno de apoyo formado por diferentes grupos encuadrados en el Movimiento de Liberación Nacional Gallego (MLNG). En ellos militaron sobre todo jóvenes, muchos de ellos estudiantes, que se movilizaban con ocasión de la celebración de determinadas fechas –como el Día de Galicia, fiesta de Santiago– o de la detención de autores de atentados, para provocar desórdenes públicos y daños en comercios y mobiliario urbano. Este tipo de manifestaciones violentas, que en otros contextos han sido toleradas, fueron reprimidas en el caso gallego, produciéndose detenciones que, en general, se saldaban con multas administrativas y no daban lugar a sanciones penales. A su vez, la Policía Nacional y la Guardia Civil no descuidaron la detención de los autores de atentados, lo que dio lugar a condenas carcelarias.
A partir de un análisis econométrico –que fue publicado hace un año por la revista Terrorism and Political Violence–, Thomas Baumert y yo pudimos establecer que la represión de las movilizaciones violentas de los grupos del MLNG tuvo un efecto disuasorio importante con respecto a los ataques de RG, en tanto que las detenciones de los autores de éstos surtían el efecto contrario, siguiendo una dinámica de acción-reacción. Pero este aumento de los ataques terroristas dejaba al descubierto a los militantes de RG, facilitando un incremento de detenciones que acabó resultando devastador para la organización terrorista y dio lugar a su virtual desaparición, como antes se ha señalado, a partir de 2015. En consecuencia, se concluye que una estrategia de lucha contra el terrorismo que se articuló tanto sobre la intolerancia con las manifestaciones ilegales de apoyo social al terrorismo como sobre la investigación y detención de los autores de atentados fue exitosa en este caso y se estableció, así, un precedente que debiera ser tenido en cuenta en el futuro.
Ahora el ciclo de Resistencia Gallega se cierra al quedar en manos de la Justicia sus dos dirigentes principales. Ello, seguramente, será su final definitivo.