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El ataque de los progres empaladores

Se trata de la típica amenaza represora que la izquierda suele emplear contra los disidentes.

Pablo Molina
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Al diputado por UPyD Toni Cantó lo quieren empalar. Un concejal comunista, concretamente, haciéndose eco de un sentir muy extendido en las filas de la izquierda, que ha hecho de su concepción del feminismo un dogma incuestionable bajo pena, ya ven, de empalamiento. En el PSOE, en cambio, sólo piden su dimisión, porque entienden que sus mensajes en la red poniendo en duda los datos sobre el machismo agresor en España suponen sólo una incitación a la violencia contra las mujeres. Se trata del mismo partido que tiene en la presidencia de una delegación territorial a un señor condenado, no por incitar a la violencia de género sino por practicarla contra su mujer, y cuya permanencia en la vida pública no excita el prurito democrático de los socialistas tanto como la del diputado Cantó, que jamás ha sido acusado de agredir a nadie.

El portavoz de UPyD en la Comisión de Igualdad del Congreso desgranó en su twitter algunos datos sin contrastar, ofrecidos por una asociación de afectados por la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género. Como decía el filósofo, una mala tarde la tiene cualquiera, claro, pero el problema es el asunto sobre el que versó el error. Si hubiera dicho que en España se aborta todavía muy poco o que las mujeres que quieren abortar están discriminadas, el desliz hubiera sido aplaudido por los que ahora quieren empalarlo, pero al cuestionar el dogma de la discriminación positiva selló su destino, o al menos el de cierta parte de su anatomía.

A pesar de este celo empalador de los progres más devotos, lo cierto es que los propios datos de la administración judicial justifican cierto grado de sospecha acerca de las consecuencias que la aplicación de la ley de violencia de género tiene sobre la población masculina. Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, desde 2006 en los juzgados de lo penal se han dictado 188.484 sentencias sobre violencia de género, 90.344 de las cuales fueron absolutorias. Por supuesto, eso no quiere decir que las más de noventa mil denunciantes acusaran falsamente a sus parejas por venganza o para obtener ciertas ventajas en el proceso de separación, pero sí que en todos esos casos se procesó a personas finalmente declaradas inocentes de los cargos que se les imputaban. El asunto no tendría más relevancia que en cualquier otro orden jurisdiccional si no fuera porque, a causa de la ley de violencia de género, muchos de esos noventa mil inocentes tuvieron que abandonar su hogar, privándoseles en muchas ocasiones también de poder ver a sus hijos hasta serles notificada la sentencia absolutoria.

Denunciar una ley injusta como la de violencia de género es un derecho de los ciudadanos y un deber de sus representantes políticos. A Cantó se le podrá afear que descuidara la necesidad de contrastar datos sensibles antes de hacerlos públicos, pero pedir su empalamiento político y físico es sólo la típica amenaza represora que la izquierda suele emplear contra los disidentes. El objetivo no es defender a las mujeres maltratadas, sino dejar claro a lo que se expone cualquiera que se atreva a poner en cuestión su visión sectaria de la convivencia. Desde este lunes, el diputado Cantó está también al corriente de cómo se las gastan los ungidos.

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