La investigación del presidente murciano por parte del Tribunal Superior de Justicia de la región ha desatado una tormenta política con dimensiones nacionales. Todo es consecuencia del llamado caso Auditorio, un asunto que data de la época en que Pedro Antonio Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y aplastaba a la oposición con porcentajes de voto superiores a los de su mentor, Valcárcel, en el conjunto de la región; una hazaña difícil de repetir.
Para lograr la investidura, el PP aceptó suscribir un acuerdo con Ciudadanos que fijaba la exigencia de responsabilidades políticas en caso de imputación judicial con un rigor que ni siquiera el partido naranja defiende en su proposición de ley para luchar contra la corrupción. Pero en aquel momento, dos meses después de que se celebraran las elecciones autonómicas que dieron como resultado la pérdida de la mayoría absoluta del PP murciano, había una gran urgencia por lograr la investidura y los populares firmaron todo lo que pidió Ciudadanos sin rechistar.
En el acuerdo no existe el menor matiz sobre las causas de la imputación. Sencillamente, cualquier cargo público investigado por la Justicia ha de ser apartado de la vida pública en el mismo momento en que se conozca su imputación. Así se ha hecho con algunos alcaldes del PP murciano, pero la Presidencia de la comunidad autónoma es una pieza mayor que los populares no van a entregar con tanta facilidad.
El argumento central de Pedro Antonio Sánchez, seguido a pies juntillas por los líderes del PP nacional, es que lo que se juzga en el caso Auditorio no es un asunto de corrupción política, sino una irregularidad administrativa o, en palabras del propio Sánchez, un"error administrativo". El error debió de ser importante, porque la juez de instrucción lo convierte en cuatro acusaciones: prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y falsedad documental. Como despiste administrativo, lo cierto es que el asunto no está nada mal.
Sea como fuere, la ausencia de corrupción política es la sutileza dialéctica que el PP introduce en su interpretación del pacto de investidura con Ciudadanos, algo que la formación naranja no está dispuesto a conceder. El partido de Albert Rivera se atiene a la literalidad del acuerdo, con lo que no acepta otra salida que no sea la dimisión del presidente de la comunidad.
Ahora bien, ¿qué pasa si Pedro Antonio Sánchez se niega a dimitir? De hecho, eso ya no es una hipótesis sino precisamente la realidad: el presidente murciano no piensa abandonar el cargo, al menos hasta que el tribunal resuelva su situación procesal después de que preste declaración el próximo 6 de marzo. Así las cosas, el problema lo tiene Ciudadanos, cuya capacidad de maniobra para resolver este enredo político es casi inexistente.
En caso de que el presidente Sánchez persista en su intención de mantenerse en el cargo, Ciudadanos solo tiene una posibilidad para forzar su salida de la vida pública: la moción de censura. Podemos ya ha anunciado su intención de iniciar contactos en ese sentido, pero el acuerdo entre PSOE, Cs y Podemos se antoja aún más difícil.
Por un lado, los dirigentes podemitas en la región ¡son errejonistas! (los socialistas, por su parte son de Pedro Sánchez: la izquierda murciana y su asombroso talento para detectar las corrientes de éxito), así que no es previsible que la gente de Iglesias dé su visto bueno a una operación que podría beneficiar a los seguidores de su enemigo, ahora que ha conseguido enviarlo al ostracismo.
Los socialistas permanecen a la espera, con un candidato al que en su propio partido no ven la hora de quitarse de en medio. Lo cual sitúa el nudo gordiano de la operación en Ciudadanos, la única formación que puede cambiar el signo político de Murcia en estos momentos.
Pero una moción de censura contra el PP daría el poder a la extrema izquierda, lo que tendría para los naranjas un coste inasumible en términos políticos, dado que, como todo el mundo sabe, Ciudadanos es un partido eminentemente liberal.
Una opción sería retirar el apoyo al Partido Popular, pero de hecho eso es lo que ha venido ocurriendo en la dinámica parlamentaria durante esta legislatura, en que los acuerdos de los diputados de Ciudadanos con Podemos y PSOE para torcer la voluntad del Gobierno regional han sido la norma, no la excepción. Por otra parte, los presupuestos de este año están aprobados (gracias a Cs), y el tramo final de la legislatura podría gestionarse con unas cuentas prorrogadas, lo que no presentaría ninguna dificultad especial para el PP.
Por tanto, es Ciudadanos, no el Partido Popular, el que resulta interpelado por esta diabólica aritmética política. Seguramente de manera injusta, porque, en última instancia, sus dirigentes solo quieren que se cumpla lo que tienen acordado; pero la política tiene estas paradojas, como saben bien los líderes de Ciudadanos en Andalucía, cuya gestión de la corrupción socialista está siendo también algo peculiar.
Si expulsan a Sánchez, pondrán la región en manos de la izquierda; y si no fuerzan su salida del poder, los acusarán desde el otro bando de complicidad. No es raro, por tanto, que haya sido el líder de Ciudadanos en la región el que haya pedido una reunión urgente con el presidente autonómico para resolver este asunto, y no al revés. En ese encuentro pedirán –suplicarán, más bien– a Pedro Antonio Sánchez que dimita, pero eso es algo que no van a conseguir con tanta facilidad.
La única esperanza es que, tras el próximo 6 de marzo, la Justicia decida proseguir las actuaciones contra el presidente de Murcia ya en calidad de imputado-investigado-encausado-procesadísimo-ahorcable, momento en el cual, entonces sí, se produciría esa dimisión. Hasta entonces, la pelota seguirá en el tejado de Ciudadanos, involucrado sin quererlo en un lío monumental.