El chivatazo a la ETA en el bar Faisán de Irún es uno de los episodios más graves perpetrados por el último gobierno socialista, de los muchos con que esmaltó sus siete años en el poder. Un asunto que va más allá de la mera sospecha, puesto que existen grabaciones del dueño del bar comentando un soplo del que la propia banda dejó constancia escrita, explicando la motivación política que estaba en el origen de esta traición: no perjudicar las conversaciones que Zapatero estaba manteniendo con los terroristas.
Seis años después de los hechos, sólo dos policías se sientan en el banquillo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros, acusados de haber perpetrado directamente un chivatazo calificado en principio como un simple delito de revelación de secretos. Ni siquiera está ahí García Hidalgo, director general de la Policía en aquellas fechas y centro de todas las sospechas, al que la Fiscalía exculpó en su primera intentona para archivar el caso, con la bendición posterior de la Sala de lo Penal.
Tremendo el papelón de la Fiscalía en este caso, cuyos máximos esfuerzos han ido encaminados primero a dar carpetazo y más tarde a desechar cualquier responsabilidad de los cargos políticos del Ministerio del Interior, los únicos que pudieron dar esa orden. A Pamiés y Ballesteros, de hecho, sólo iban a pedirle responsabilidades por revelación de secretos oficiales, hasta que Torres Dulce ordenó expresamente que se añadiera a ese delito el de colaboración con banda armada.
Los dos subalternos que se sientan en el banquillo por el Faisán siguen apoyando la versión oficial, con el riesgo de que les caiga una condena mayor de la que suponían al principio; pero con la escasa relevancia que tienen en el PSOE, no parece que den ni para que Rubalcaba les organice un sentido corro de la patata a las puertas de Martutene. Ellos sabrán.