La Ley de Memoria Democrática que pretende aprobar el Gobierno no se hace para cerrar la Fundación Francisco Franco, sino para deslegitimar la actual forma del Estado y poner en jaque definitivamente a la institución monárquica, verdadero objetivo último de esta reforma legislativa planeada por el socialcomunismo.
La izquierda utiliza la fundación dedicada al anterior Jefe del Estado –que carece de implicaciones partidistas– y el Valle de los Caídos para justificar una ofensiva que sienta las bases legales para un cambio de régimen. En última instancia, una asociación de carácter cultural e histórico no puede delinquir en democracia, donde se garantiza la libertad de expresión en su más alto grado, como saben bien las organizaciones separatistas y proetarras, aliadas de Sánchez. En cuanto a Cuelgamuros, una basílica con una cruz –enorme, eso sí– donde se reza una misa diaria por los caídos en la Guerra Civil (por todos; de uno y otro bando) mal puede suponer una amenaza fascista salvo para les hijes de perra que profanan iglesias y amenazan a los fieles con quemarlos dentro. Ni la Fundación ni el Valle constituyen un obstáculo de fuste para la transformación del régimen del 78 en una suerte de dictablanda socialista. La Corona, sí. Por eso van a por ella.
Y es que nuestra democracia tiene su origen precisamente en el franquismo. Franquistas fueron las Cortes que se disolvieron tras aprobar la Ley para la Reforma Política, la última norma fundamental del régimen; franquista fue el político que dirigió la transición a la democracia y franquistas los principios fundamentales que juró el heredero de Franco a título de rey dando cumplimiento a la Ley de Sucesión, tan franquista como todas las anteriores.
Pues bien, estamos según el Gobierno ante una "ley que condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior", lo que implica necesariamente el rechazo de su obra legislativa. Desde esa perspectiva, la Jefatura del Estado encarnada en el titular de la Corona es una anomalía jurídica que cuestiona su limpieza democrática y, por tanto, una institución que pierde toda su legitimidad, en tanto que se trata de un producto netamente franquista.
Lo que pretende Sánchez es dejar fuera de la ley a todos los que entorpezcan sus proyectos y los de sus socios, con el Rey en el centro del punto de mira por su compromiso con la libertad, la igualdad de los españoles y la legalidad constitucional. Lo demás, francamente, es una chorrada para que los estrategas del Partido Popular anden entretenidos y no pongan trabas al verdadero plan.