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Pablo Molina

¿Y las otras 'Radio Gagá'?

Los medios de comunicación públicos sirven al poder, consumen abundantes recursos y hacen una competencia desleal a las demás empresas del sector.

Los medios de comunicación públicos sirven al poder, consumen abundantes recursos y hacen una competencia desleal a las demás empresas del sector.

Lo llamativo no es que los podemitas madrileños hayan decidido crear una emisora, sino que a estas alturas de mandato no hayan tratado aún de cerrar todas las demás. Acabar con los medios de comunicación privados es uno de los fines declarados de la pandilla bolivariana de la Complutense, pero hasta que Pedro Sánchez no haga vicepresidente al líder supremo de la camarilla el ansiado objetivo tendrá que esperar. Todo se andará.

Las críticas a Radio Gagá (© FJL) se dirigen fundamentalmente al hecho de que, en manos de quienes va a estar, la emisora de marras va a ser un medio de comunicación sectario, dedicado a hacer propaganda al más puro estilo del chavismo tercermundista, una anomalía sociopolítica en la Europa civilizada que sólo se explica por la ingenuidad de medio millón de madrileños cabreados. Sin embargo, lo grave no es que un grupo de pijiprogres radicales se promocione en las ondas con dinero del contribuyente, sino que la regulación de los medios de comunicación en España permita este tipo de desmanes.

Los partidos que critican al Gobierno municipal de Madrid por la creación de esta emisora no lo hacen porque estén en contra de la existencia de medios de comunicación públicos, sino porque, en esta ocasión, son los otros los que van a tener a su servicio una emisora financiada con cargo al erario. Los mismos partidos que censuran a Carmena y su muchachada mantienen televisiones públicas, por supuesto deficitarias, pero es que en el ámbito radiofónico la situación es letal, como se puede comprobar fácilmente aquí.

Los medios de comunicación públicos sirven al poder, consumen abundantes recursos y hacen una competencia desleal a las demás empresas del sector. Además, en el caso de las radios, sirven de barrera de entrada para las emisoras privadas, a las que se mantiene en un extraño limbo jurídico bajo el pretexto de que el espacio radioeléctrico no permite más asignaciones.

Hay que cerrar las televisiones y radios públicas, sin excepción. Es la única medida coherente con la existencia de un mercado pletórico de iniciativas privadas, que sirven sobradamente de cauce a la libertad de información y expresión. Ciérrense. Todas. Y si no, que no se quejen los demás políticos de que Podemos haga exactamente lo mismo que hacen ellos en los lugares donde gobiernan, bajo las mismas premisas, abusando de las mismas ventajas y ejerciendo la misma opresión.

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