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Pablo Planas

El futuro de Puigdemont

Sólo cabe confiar en la resistencia de una ciudadanía que el pasado 8 de octubre se echó a las calles de Barcelona para decir: "¡Basta!".

Puigdemont no pisará el Senado. El campeón del diálogo se niega ahora a comparecer en la Cámara Alta, renuncia a exponer el memorial de agravios catalanista, se alivia de la confrontación dialéctica y tras haber pisoteado la Constitución y el Estatuto renuncia a dar la cara. Tiene miedo de que se la partan, pavor a quedar como el gañán que es y pánico a un debate con Rajoy que no evidenciaría la talla que no tiene el presidente del Gobierno sino la que le falta a él, un trepa de categoría ínfima al que las tribus de la CUP convirtieron en digno sucesor del estafador Pujol y el nefasto Mas.

Cabe recordar que Puigdemont no fue elegido en las urnas sino por la CUP para lanzar a Mas a la papelera de la historia, según se ufanaron. Y ese es el sujeto que va a declarar la independencia de Cataluña bajo la invocación de un referéndum cuyos resultados no avalan ni los observadores internacionales que la propia Generalidad contrató a tal efecto. Muchos de quienes celebraban con alborozo las astucias de Mas, algunos de los que financiaban la propaganda contra España, parte de los que daban cuartelillo económico y cívico al golpe de Estado separatista se echan ahora las manos a la cabeza ante la posibilidad más que cierta de que Puigdemont, su muñeco de feria, lo eche todo a perder por ceñirse con notarial escrúpulo a lo que le manda el Gobierno en la sombra que rige los destinos de Cataluña.

No cabe imaginar mayores violaciones de la democracia que las perpetradas en Cataluña desde el comienzo de la fase final de proceso, hace cinco años. El Gobierno catalán es la tapadera de un directorio golpista que algunos llaman "Estado Mayor del Proceso" formado por Artur Mas, David Madí, el productor Oriol Soler, el exconsejero de ERC y veterano de Terra Lliure Francesc Vendrell, representantes de la ANC y Òmnium, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Jordi Turull y Puigdemont, el que menos habla de todos. La mayoría de estas personas no han sido elegidas en unas elecciones.

En cuanto al Parlament, sus letrados y cargos técnicos han emitido decenas de informes sobre los atropellos legales que se producen cada vez que los partidos separatistas deciden reabrir la Cámara para sus performances democráticas. La oposición, que tiene menos escaños pero más votos que la endeble mayoría parlamentaria separatista, ha sido aplastada. Cualquier apariencia de democracia es pura coincidencia en un hemiciclo que ha asistido a las más bochornosas imágenes contra la la igualdad, la libertad y la ley en España de manera continuada mientras caían las sentencias del Constitucional como las hojas en otoño.

La solución número 155 viene con tres años de retraso. Se debería haber aplicado antes del referéndum del 9 de noviembre de 2014. Sea como fuere, el artículo constitucional no puede quedar en un farol. No va a ser fácil. Delante hay una Administración mastodóntica, un potente tejido clientelar, miles de funcionarios fanatizados, una policía integral y una alucinación colectiva sectaria que no comparte la mayoría de los ciudadanos, pero sí una gran parte, justo la más movilizada de la sociedad. Los dirigentes del golpe están dispuestos a todo, incluido el enfrentamiento civil. Si la vicepresidenta o Rajoy creen que el 155 será coser y cantar es que no tienen ni idea de a qué se enfrenta la democracia en Cataluña, y además se han perdido las noticias de las tres últimas semanas.

Sólo cabe confiar en la resistencia de una ciudadanía que el pasado 8 de octubre se echó a las calles de Barcelona para decir "¡basta!". Esos ciudadanos, venidos de toda Cataluña y del resto de España también, abrieron una rendija de esperanza. Hasta ese día, las calles eran separatistas. Desde ese día, los separatistas han realizado dos grandes manifestaciones menos numerosas que las anteriores, pero igual de llamativas. El viernes tienen previsto repetir. El próximo domingo, los no separatistas han vuelto a ser convocados en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. El nombre del juego es Libertad y el futuro de más de la mitad de los ciudadanos residentes en Cataluña está en peligro, así como el de dos Jordis y un Puigdemont.

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