El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, arropado por Josep Rull, también diputado autonómico, ha contado cómo será el referéndum separatista del 9-N con la crudeza propia de un vendedor de preferentes. Bastará con que vote la mitad del censo para exigir a Europa el reconocimiento del resultado, que, sin duda, será favorable a la independencia. El mismo Turull, asesorado por Rull, ha decidido que la república catalana será un hecho si el 55% de los votantes lo hace a favor de la ruptura, aunque serviría igual con la mitad más uno, ha aclarado.
De manera que la Generalidad va a convocar un referéndum en el que llamará a votar a los mayores de 16 años, a los extranjeros y a los partidarios de la república en general que se inscriban en un registro de partidarios de la independencia en particular. Y concederá plena validez a los resultados si la participación llega a la mitad y si gana la independencia por un poco más de la mitad de esa primera mitad. Tan parcos porcentajes serían los únicos requisitos para el ingreso de Cataluña en el club mundial de los Estados soberanos, según dicen Turull y Rull que reza el derecho internacional. Y ahí está la Generalidad, buscando observadores que se avengan a supervisar la mascarada que sin duda se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre, sin dar hasta entonces un día por perdido en la incesante labor de incumplir la ley y convertir Cataluña en la Corea del Norte del sur de Europa, con las mismas muestras de adhesión al régimen y los mismos plebiscitos amañados que en Pyonyang.
Que Turull apele a la democracia y Rull al derecho internacional mientras descubren hasta dónde está dispuesta a llegar CiU empujada por ERC debería ser suficiente para que en todo este desgraciado asunto intervinieran de una vez las autoridades europeas, ya que las españolas no lo hacen. Alguien allá en Bruselas, en el Vaticano o en la Casa Blanca si hace falta, debería advertir al Gobierno regional catalán de que sus planes no sólo son ilegales sino que están provocando una balcánica división de la sociedad que es contraria a los más elementales derechos individuales, colectivos y hasta a los relativos a lo del decidir.
Tal como se plantea el 9-N, quien va a necesitar de la ayuda y la presencia de observadores internacionales es el 75% de la población catalana, es decir, los que no vayan a votar y los que voten no. Unos por indecisos, indocumentados o indolentes y los otros por españolazos. Dados los criterios de Rull y Turull, la mayoría de los catalanes (por no hablar del resto de los españoles, excluidos del proceso sobre el futuro de su propio país) podría ser sometida a la voluntad de poco más de un tercio, el de los partidarios de romper con España, pero sin perder ninguna de las ventajas que confiere la nacionalidad española, beneficios europeos incluidos, que es más o menos lo que significará votar dos veces que sí a las preguntas trile de Mas.
Ya está tardando quien sea que tenga que rescatar, evacuar o proteger a los catalanes que pretendan seguir siendo españoles, o que lo parezcan, en la Cataluña post-referéndum. Ahora mueve a la carcajada la zafiedad de Turull, el aire de seriedad con el que exhibe su peligrosa ignorancia y los inquietantes planes golpistas de la Generalidad. Las desfachateces nacionalistas son antológicas, de club de la comedia y todo eso, jajajá. Pero lo del 9-N va en serio y ninguna de las barbaridades propuestas o chistes proferidos por los prebostes separatistas han provocado el descarrilamiento del proceso, sino todo lo contrario. Como escribiera Ignacio Vidal-Folch, pobre Cataluña, en manos de "los diáconos Rull, Turull y Tururull".