El que fuera tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel. El partido deberá reintegrar 6,6 millones de euros por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. La sentencia del caso Palau, en la que también se condena a Fèlix Millet, a Jordi Montull y a su hija Gemma a penas de nueve, siete y cuatro años de prisión, puede parecer ejemplar, pero no es mucho más que un vergonzoso carpetazo a dos décadas de saqueo en nombre del tres por ciento, santo y seña del método convergente para robar en realidad mucho más que ese porcentaje.
De 1990 a 2009, el Palau de la Música Catalana fue una de las tapaderas nacionalistas para blanquear chantajes y sobornos, correduría de la mafia catalana, fachada modernista, cultura sardanista, juegos florales de coros y danzas tras los que se urdían grandes negocios, fabulosas comisiones y alucinantes rendimientos al socaire del tráfico de influencias. Un lupanar a su lado sería casi tan decente como una lechería.
La cifra de 6,6 millones que en el peor y bastante lejano de los supuestos tendrá que pagar lo que queda de Convergència, porque cabe recurso al Supremo, es menos que cero en comparación con las cantidades que se trasegaron a través del Palau en plena fiebre del cemento. Cuando Hacienda destapó el garito por el uso indiscriminado de efectivo en forma de billetes de quinientos napos con el que las secretarias y los mandados de los fulanos regaban las oficinas bancarias del centro de Barcelona, se activó un complejo sistema de redes de seguridad que convirtieron la instrucción del sumario en una carrera de obstáculos, de la que desistieron o fueron desistidos varios jueces y no pocos investigadores.
Ocho años después y a trancas y barrancas se da publicidad a un fallo que viene a ser como una versión fallida de la condena de Al Capone por no pagar impuestos, cuatro años y cinco meses de cárcel que le han caído a un ya anciano tesorero que sólo iba y venía, y encima en autobús, del partido al Palau, con un voluminoso sobre en el trayecto de vuelta. Un mandado de Mas que había sustituido al difunto recadero de Pujol y que sólo se trataba con el segundo de Millet, el que ponía el apellido. Pobres granujillas, según una sentencia cuyas consecuencias económicas las paga la ANC pasando el platillo para que estos tipos no tengan que recortar en secretarios, mayordomos y jardineros.
Osàcar era el doble de Mas en las secuencias de acción, el parapeto del hereu de Pujol, el hombre de paja, el testaferro que se come el marrón, un simple blocao, el chaleco antibalas. 6,6 millones de euros. Pero qué me estás contando, replica Mas. Con las sedes embargadas hay para eso y para mucho más. Y aun así, se remueve y queja el sucesor del evasor confeso. Es tanta su soberbia y suficiencia, su sensación de impunidad y chulería, que brama que él, Artur Mas, el expresidente de todas las ruinas, no ha sido juzgado y ni siquiera llamado a testificar, poniendo en riesgo el delicado entramado de influencias que derivó en la obscenidad de que él, eslabón determinante en la cadena de mando de la comisión de los delitos, no se tuviera que sentar en el banquillo.