La palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no vale gran cosa, pero tal vez haya que creerle cuando dice que las elecciones se celebrarán a finales del próximo año. Con las encuestas favorables al nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es obvio que Sánchez no tiene ningún estímulo para llamar a las urnas y prefiere prolongar la agonía económica y social de España, gobernar sobre las ruinas de un país que retrocede décadas en términos de bienestar y calidad de vida.
La crisis, en la que la invasión de Ucrania es un elemento sobrevenido, empieza a adquirir unos tintes que empequeñecen lo ocurrido con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Ni siquiera en los días aquellos en los que se observaba a diario la prima de riesgo eran tan catastróficas las perspectivas. Pero sería injusto decir que España afronta la tempestad sin nadie al volante. Pilota Sánchez, pero lo que maneja es una locomotora sin frenos y en dirección al siniestro total.
La Comisión Europea no va a permitir que Sánchez altere un mercado energético que sólo aquí tiene tan brutal impacto en la factura de la luz. La situación económica va a peor y no hay en ningún discurso del presidente indicio alguno que sugiera medidas para paliar los efectos de la inflación en la ciudadanía.
A la propuesta de bajar impuestos responde con el comodín de la corrupción, poniendo el foco en el plástico caso del aristócrata Medina, el tipo de escándalo que reúne todos los requisitos para alimentar la tesis de que el PSOE es un partido puro y el PP, pues no. Ha tenido que recordar Feijóo que hay cuatro altos cargos del Gobierno imputados por fraude en la compra de mascarillas. El monto investigado asciende a 310 millones de euros.
Sánchez se dispone a derogar gran parte de las disposiciones relativas a las mascarillas, que a partir del miércoles ya sólo serán obligatorias en el transporte público, las residencias de mayores, hospitales y otros centros sanitarios y en las farmacias. Habrá que ver el seguimiento de la medida. Mucha gente no se fía del virus. Otra, del Gobierno. También están los que se han acostumbrado.
Recordará el presidente cuando su Gobierno desaconsejaba severamente su uso. Y es que durante las primeras semanas de la pandemia, el Ejecutivo mostró de manera descarnada su absoluta incompetencia e irrelevancia, de resultas que era incapaz de adquirir mascarillas de calidad mediana para cubrir las necesidades de los servicios sanitarios a pesar de pagar auténticas morteradas en comisiones. La consecuencia directa fue una campaña que venía a desaconsejar su uso entre la población por causas tan peregrinas como que podían dar una falsa sensación de seguridad. Lo mejor que se puede decir al respecto es que el Gobierno trataba de ocultar que no tenía mascarillas suficientes ni manera de conseguirlas en condiciones normales. En cuanto se pudo satisfacer la demanda, el mismo Gobierno que menospreciaba los cubrebocas declaró obligatorio su uso hasta en el campo.
Es un dato poco tenido en cuenta que nada más darse cuenta en Moncloa, tarde y mal, de lo que ocurría con el coronavirus de Wuhan, se centralizaron en el ministerio de Sanidad todas las compras de material sanitario. El primer decreto de estado de alarma por la pandemia atribuía al ministerio que entonces dirigía Salvador Illa la competencia exclusiva para la importación de mascarillas, guantes y demás pertrechos de protección así como respiradores o medicamentos. Las consecuencias de tan funesta decisión fueron las estafas, el desabastecimiento y que el resto de las administraciones de la tupida y florida red institucional española se lanzaran de cabeza al mismo rastro. El propio Gobierno de Sánchez llegó a cancelar el "portal de la transparencia" con la excusa de la urgencia y situación de necesidad en un intento para que pasaran desapercibidos los grandes negocios farmacéuticos de empresas que se dedicaban en el mejor de los casos a crecepelos o viagras "naturales".