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Pablo Planas

Un pacto terminal para España

A punto de entrar en el octavo año de la última fase del proceso separatista (la que activa Artur Mas en 2012), el panorama en Cataluña es la pura desolación.

Pablo Planas
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A punto de entrar en el octavo año de la última fase del proceso separatista (la que activa Artur Mas en 2012), el panorama en Cataluña es la pura desolación.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en campaña | EFE

A punto de entrar en el octavo año de la última fase del proceso separatista (la que activa Artur Mas en 2012), el panorama en Cataluña es la pura desolación. Quiebra social, ruina económica, desastre cultural, inestabilidad política e inseguridad jurídica definen el día a día de una región sumida en la incertidumbre y el desgobierno.

El deterioro propiciado por el independentismo y sus intentonas golpistas es de proporciones dantescas y no solo afecta a Cataluña, sino que pone de relieve la incapacidad de los Gobiernos del PP y el PSOE para encarar, atajar y resolver el problema.

En ocho años, la comunidad ha tenido tres presidentes. El primero, Artur Mas, fue inhabilitado por el referéndum ilegal del 9 de noviembre de 2014; el segundo, Carles Puigdemont, se dio a la fuga tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y el tercero, Quim Torra, no se cansa de desafiar día sí y día también al Estado mientras amenaza con un tercer y definitivo referéndum.

En este tiempo, miles de empresas han abandonado Cataluña, se han perdido miles de millones en inversiones y toda clase de oportunidades económicas. Más grave aún ha sido el enfrentamiento social, con dos comunidades cada vez más definidas y en tensión debido a los arreones contra las libertades y las leyes de los partidos y entidades separatistas, que ya interpretan la violencia como un mal menor en su irrenunciable camino hacia la república prometida.

Se han pisoteado los derechos lingüísticos, sociales y culturales de más de la mitad de la población residente en Cataluña. Se niega incluso la condición de catalanes a quienes no comulgan con el separatismo, se multiplican los episodios de supremacismo y odio a España mientras los líderes separatistas estiran de la cuerda y tensan el ambiente. No ha habido ni un solo dirigente separatista que haya sentido la necesidad de parar, reflexionar y ofrecer una tregua. La posibilidad de que sus huestes más fanatizadas les acusen de traidores elimina cualquier conato de diálogo real y entendimiento, así como la más remota posibilidad de una mano tendida por su parte.

Las condiciones de los independentistas son innegociables: referéndum o referéndum y república o república. Ante cualquier otro escenario sacan a relucir el comodín de los golpistas en prisión y los fugados, "presos políticos" y "exiliados" según su retorcida retórica.

En ocho años habría dado tiempo para desmontar los sistemas educativo, mediático y administrativo que soportan el entramado separatista e incluso construido alternativas a dichos sistemas, pero el egoísmo de los dos grandes partidos nacionales ha impedido cualquier avance. Al contrario, se ha retrocedido, y mucho, en parte también porque los separatistas han perdido los complejos que antaño les aconsejaban disimular sus aires de superioridad y su desprecio por quienes no aceptan su credo.

Ahora más que nunca sería necesaria una alianza de los partidos españoles para hacer frente al enésimo embate del separatismo, un acuerdo similar al que durante una semanas sirvió para desbaratar el golpe de octubre de 2017, detener y encarcelar a algunos de sus impulsores e intervenir de manera mínima la administración regional. Lejos de eso, el PSOE se dispone a alcanzar con ERC, un partido de larga, densa y probada trayectoria delictiva, un pacto terminal para España.

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