El caso de los ERE del PSOE pone de relieve algunas de las carencias y no pocas de las debilidades de la Justicia en España. El citado partido es tan poderoso que ha conseguido, por ejemplo, que no se hiciera pública la sentencia antes de la última campaña electoral. También logró cercenar el crédito y mancillar el nombre de la juez instructora, Mercedes Alaya, amedrentar y silenciar a decenas de testigos, demorar el proceso, obstaculizar las diligencias, dispersar responsabilidades, tender trampas y embarrar el procedimiento con un celo y una eficacia similares a los que mostraban sus prebostes repartiendo la pana y llevándoselo crudo.
Puede que solo la caída del régimen que los socialistas habían implantado en Andalucía explique que casi un año después de esa pérdida del poder haya una sentencia sobre el caso ERE, blanda, tibia y decepcionante, pero condenatoria al cabo. Menos es nada y quien no se conforma es porque no quiere, porque todavía hay en España casos de corrupción puede que tan grandes o aún mayores que la malversación de casi setecientos millones de euros que siguen en el limbo judicial.
Sin ir más lejos, la familia Pujol sigue con sus vidas y sus negocios tras haber confesado el patriarca en julio de 2014 una mínima parte de sus fechorías. La corrupción nacionalista tiene aún mayor bula que la socialista, y no digamos ya que la afecta al PP. Las investigaciones sobre los negocios, chanchullos y apaños del clan Pujol no acaban de cuajar en una vista oral a pesar de los apabullantes indicios, demoledores testimonios y consistentes pruebas publicadas hasta la fecha.
También prosiguen las pesquisas judiciales sobre el sistema de cobro de comisiones conocido como el 3%, estimación sensiblemente a la baja del choriceo convergente que consistía y puede que siga consistiendo en adjudicar obras y contratos a cambio de comisiones para el partido y sus dirigentes. Como en el denominado caso Pujol, el asunto trascendió a principios de la década y aún se sigue investigando.
Cabe tener en cuenta que la reacción de los nacionalistas ante estos casos fue inventarse el denominado Procés separatista, artefacto ideado para escapar de la Justicia al tiempo que les permite esgrimir la coartada de que la Justicia les investiga por razones ideológicas. Como las ideas simples, funciona, y cientos de miles de catalanes que hace años estaban horrorizados con las andanzas de Pujol y su prole hoy se han olvidado o creen que el padre del proceso y sus hijos son injustamente perseguidos. Pero es que ni siquiera son perseguidos. Pasan los años, se juzgan los casos, condenan hasta a los socialistas andaluces y ahí siguen los nacionalistas catalanes, trincando y diciendo que España les roba, sin vergüenza ni complejos.