Dios me perdone. Sé cómo está usted de trabajo, sé cuáles y de qué tamaño son las presiones que le hacen llegar, sé que el día tiene 24 horas y sé que hace todo lo que puede. Pero, señora Alaya, los ciudadanos tenemos que pedirle un servicio más, sumándonos así a la recentísima petición de Juan Ignacio Zoido. Hace tiempo que los que nos dedicamos a este ingrato oficio del periodismo, dañino para el alma si es de investigación o se le acerca, advertimos que sobrevenía un nuevo gran escándalo en la democracia española. Si la década de los 80 fue en general silenciosa, salvo el infame caso de los GAL, en los 90 florecieron las cochinadas de la financiación irregular de los partidos, desde el caso Guerra al caso Naseiro, por poner dos ejemplos y un resumen. En la década del 2000, nos llegó el escandalazo de la financiación pública incontrolada de sindicatos y empresarios, aún no investigada del todo, el de las cajas, la inflación de personal en las comunidades autónomas y el escandalazo de los ERE. Pero queda uno: el de los dineros de la formación profesional.
Sí, cierto. El caso Pallerols fue un aperitivo, pero señaló el camino por el que circulaban subvenciones destinadas a la formación que terminaban, en parte, en manos de un partido. Obtener suculentas cantidades para la formación profesional en España ha sido y es un pingüe negocio para muchos. De hecho, la Cámara de Cuentas de Andalucía ya reflejaba en su informe sobre la formación profesional ocupacional cómo los sindicatos UGT y CCOO en 1997se quedaban casi con el 50 por ciento del dinero recibido en concepto de gestión, coordinación, seguros, energía, etc. (Véanse los capítulos 12 y 13 de La tela de araña andaluza). De la calidad de los profesores y de su eficacia, esto es, a cuántos alumnos parados consiguieron colocar, ni una palabra.
Pero desde hace relativamente poco tiempo la investigación, aún esporádica y a salto de mata porque el melón es gigantesco, ha ido arrojando algunas perlas que hacen necesaria la presencia de un juez, a ser posible, de la juez Alaya, porque tiene relación con todo lo que en este momento instruye. Véase Delphi, su ERE y los cursos de formación que se impartieron a sus exempleados (algunos de ellos verdaderamente peculiares, como ir de visita a las bodegas o ver cine progre).
Pondré unos ejemplos para animarla. En la empresa Formación Integral para el Empleo SL, que administra Ana María Rodríguez, esposa de José Sivianes Sánchez, y en la que ha estado como administrador el socialista Juan Luis Ferrer, sólo aparece un empleado fijo desde 2009 a 2011, y apenas llega a tres trabajadores temporales en las cuentas del Registro Mercantil. Sin embargo, recibió más de 6 millones de euros de subvenciones entre 2008 y 2012.
Ahí va otro ejemplo: el entramado de empresas y fundaciones del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda Avilés, socialista, recibió 34 millones de euros de la Consejería de Empleo en apenas año y medio –entre 2009 y 2010– para la formación de los exempleados de la multinacional Delphi. A partir de mayo de 2011 sería su propia cuñada, Teresa Florido Mancheño, la que iba a decidir la adjudicación de muchos de estos cursos al ser nombrada directora general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).