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¿Y si Madrid concede un concierto a Cataluña?

El régimen fiscal diferenciado tampoco es un elemento que coadyuve a la creación de riqueza. Cuando Vizcaya y Guipúzcoa no tenían el concierto, acabaron el franquismo como las dos provincias con mayor renta per cápita de España

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El Parlamento catalán ha aprobado, gracias a los votos de los partidos nacionalistas, sean de derechas o de izquierdas, más el del diputado socialista Ernest Maragall, la exigencia de concesión de un pacto fiscal al Gobierno catalán, cuyo modelo es el concierto vasco. Pero, ¿de dónde proviene el concierto? y ¿es admisible en una sociedad democrática?

España sigue siendo diferente. Si la mayoría de los países europeos tienen un único régimen fiscal para sus ciudadanos, en España hay cinco: el de Álava, el de Guipúzcoa, el de Navarra, el de Vizcaya y el de las demás provincias, sujetas al llamado régimen común. Cada uno de estos cinco ámbitos es soberano para fijar los impuestos y recaudarlos en su territorio. Los nacionalistas catalanes quieren que Cataluña abandone el régimen común y pase a mantener una especie de "pacto fiscal" con el Estado.

El concierto vasco es el régimen que regulas las relaciones tributarias dentro de la comunidad autónomas vasca y de ésta con el Estado español. El convenio navarro es lo mismo entre Navarra y el Estado. Se establecieron en el siglo XIX después de las derrotas carlistas y, pese a su injusticia objetiva, han sobrevivido hasta el siglo XXI.

Concesión del Estado

Pese a que sus defensores los enlazan con la foralidad, esa Atlántida de leyes y costumbres más o menos antiguas, más o menos reales, que sirve para justificar cualquier pretensión de singularidad vasca o navarra, el concierto y el convenio nacen como concesión del Estado. En 1841, sólo dos años después de la conclusión de la primera guerra carlista (1833-1839), la Ley Paccionada, aprobada por las Cortes, establecía para Navarra el régimen del convenio. La oligarquía navarra renunciaba a sus Cortes estamentales, a su rey tradicional y a sus aduanas, y aceptaba la Constitución y la reina liberal ... a cambio de pagar pocos impuestos.

En 1876, después de otra nueva guerra carlista (1872-1876), una ley abolía los fueros vascongados y sometía a las provincias vascas a la legislación ordinaria, lo que suponía la desaparición de los límites a la explotación de las minas de hierro, la introducción del servicio militar obligatorio y el cobro de impuestos. Para pasar de un sistema en el que apenas existía tributación al nacional, el Gobierno de Madrid, presidido por Antonio Cánovas del Castillo, estableció en un decreto de 1878 un período de transición a fin de que las Provincias Vascongadas se concertasen con las demás, lo que incluía la elaboración de un censo de riqueza.

La base de ambos sistemas es la misma. Los representantes de la Hacienda nacional se ponen de acuerdo con los de las diputaciones vascas y navarra, titulares de esas concesiones, en la cantidad de dinero que éstas deben entregar a la primera (llamada cupo en el caso vasco y aportación en el navarro) por los servicios que el Estado les presta (deuda pública, defensa, policía, correos, relaciones exteriores, tribunales...). En las primeras décadas de existencia de este sistema, las diputaciones decidían qué tributos fijaban y cómo los cobraban; después entregaban el cupo o el convenio a la Hacienda nacional y se quedaban el resto.

Las diputaciones, controladas por las oligarquías locales, mantuvieron una fiscalidad basada en el consumo de productos demandados por las clases media y baja: harina, sal, vino, aceite... De esta manera, los ricos hacían que los pobres pagasen la contribución debida por sus astilleros, minas, siderurgias, bancos y palacios.

Amenazas de los foralistas, los carlistas y el PNV

En las décadas posteriores, cuando se acercaba la renovación del convenio o el plazo teórico para que éste se extinguiese, las oligarquías organizaban campañas contra Madrid y en defensa de los fueros. Como entonces existía el partido carlista, los políticos dinásticos de Madrid y luego los republicanos decidían hacer la vista gorda y pactar la renovación, en ocasiones sin que se actualizase la aportación respectiva a medida que crecía la riqueza.

El mayor cambio se produjo en 1937, cuando el Gobierno de Burgos, encabezado por el general Franco, dictó un decreto que retiraba los conciertos a Vizcaya y Guipúzcoa debido a que el PNV había puesto esas provincias del lado del Frente Popular. De esta manera, los privilegios fiscales quedaron reducidos a dos provincias, entonces de economía exclusivamente agraria y poco pobladas.

En la transición, el PNV, los demás nacionalistas vascos e incluso algunos partidos de izquierdas reclamaron como innegociable la restauración del concierto, y Adolfo Suárez cedió ante ellos, con la finalidad de pacificar el ambiente político. En esos años, cuenta Javier Arzallus, que él y Jordi Pujol discutieron sobre el concierto y el catalán lo rechazó, porque lo consideraba un mal negocio, ya que si caía la recaudación, el Estado no tenía que cubrir el déficit de la región.

Una de las curiosidades de este sistema es que la titularidad corresponde a las tres diputaciones, que son las que aprueban los impuestos, tienen su sistema de recaudación y luego ceden fondos al Gobierno vasco. Como ahora el Gobierno regional vasco está dirigido por el PSOE y las diputaciones están gobernadas por el PNV (Vizcaya), Bildu (Guipúzcoa) y el PP (Álava) podría ocurrir que estas tres dejasen sin fondos al primero.

Aunque las leyes orgánicas y las sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo han delimitado el contenido del concierto, para que la presión fiscal sea similar en todo el territorio nacional, las diputaciones dictan bonificaciones y exenciones para empresas y particulares, algunas de las cuales son recurridas como discriminatorias por las comunidades vecinas (Cantabria, Castilla y León y La Rioja) y acaban en Bruselas, como las vacaciones fiscales vascas. Recientemente se ha sabido que el Gobierno navarro montó un artificio contable la para que el Estado le entregase el IVA de la empresa Volkswagen sita en Pamplona, por importe de 400 millones de euros anuales.

Además, cada vez que hay que renovar las bases del cálculo del cupo (en la actualidad 1.565 millones de euros anuales), el PNV chantajea al Gobierno central, como le pasó a Rodríguez Zapatero: te doy mis votos en Madrid a cambio de que no me subas los impuestos.

Todo ello beneficia a dos comunidades, ya que los fondos que ellas no aportan a la hacienda nacional tienen que salir de otras regiones.

Riqueza sin concierto

¿Qué sucedería si un Gobierno nacional y unas Cortes concedieran a Cataluña un concierto económico como el de las diputaciones vascas? José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda de la Dictadura de Primo de Rivera entre 1925 y 1930, negoció la renovación de los conciertos vascos y del convenio navarro y dejó escrito que, aparte de constituir una injusticia (Calvo Sotelo pretendía que los españoles pagasen los mismos impuestos, con independencia de su clase social y de su lugar de residencia), si se extendían al resto de las regiones acabarían con la Hacienda nacional. El Gobierno central debería pedir, por favor, a los Gobiernos locales fondos, como hacía Carlos V en las Cortes para pagar su campaña al trono del Imperio.

Pero el régimen fiscal diferenciado tampoco es un elemento que coadyuve a la creación de riqueza. Cuando Vizcaya y Guipúzcoa no tenían el concierto, acabaron el franquismo como las dos provincias con mayor renta per cápita de España; en 1990, ya con concierto, habían retrocedido varios puestos en esa clasificación. Por ejemplo, Vizcaya en ese año había caído al puesto nº 13 y le habían sobrepasado otras provincias en renta per cápita, como Madrid, Tarragona, Zaragoza, Castellón y La Rioja; en 1930, después de décadas de disponer del concierto, Vizcaya estaba en el puesto nº 6. Por tanto la época de mayor riqueza para la provincia y sus habitantes ocurrió cuando estaba sujeta al derecho tributario general.

Por último, ni el concierto ni el convenio han evitado casos de corrupción, como la elaboración de una lista de contribuyentes exentos de inspección por parte del jefe de Inspección de la Hacienda de Vizcaya y la apropiación por el jefe de la Hacienda de Irún (Guipúzcoa) de dinero pagado por contribuyentes inspeccionados.

Si CiU gestionase una Hacienda catalana independiente de la nacional, ¿se habrían conocido los casos de corrupción del oasis?

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