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La normalidad de una situación insólita

Los alumnos no sólo tendrán que declarar qué piensan sobre multitud de cuestiones de índole desde ética, hasta sexual o incluso social y política, sino que para aprobar tendrán que acomodar ese pensamiento en su fuero interno al estándar de lo aceptable

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De la Vega el viernes nos dijo que "el Gobierno hará uso de todas sus competencias y facultades para garantizar que los escolares puedan hacer uso de sus derechos constitucionales en las aulas (¿?), recibiendo con normalidad la asignatura de Educaciónpara la Ciudadanía", y poco despuésla ministra del reconvertido Ministerio donde la Educación se diluye en un mix llamado "Política Social y Deporte" ("consignas sociales para su consumo en las aulas") se ha mostrado convencida de que las clases de Educación para la Ciudadanía se van a desarrollar "de manera absolutamente normal".

No sé cuál de las dos damas dice cosas más estupefacientes. Noten primero que De la Vega une la intención del Gobierno de imponer al estilo Z –"como sea"– la famosa asignatura con el hecho de "garantizar a los escolares el ejercicio de sus derechos constitucionales en las aulas". Como este Gobierno acostumbra a convertir cualquier cosa en un "derecho", parece que ha elevado a "derecho constitucional" nada menos la circunstancia de estudiar o no una materia. Pero, además, ¿a qué derechos se refiere? ¿Quizá al derecho constitucional de los escolares a no ser adoctrinados en un sistema moral incompatible con el que reciben de su familia, artículo 27.3 de la Constitución? ¿O se refiere quizá al derecho que tienen los alumnos a no ser obligados a declarar sobre su ideología, convicciones o creencias –artículo 16.2 de la Constitución–, el cual queda conculcado especialmente con los criterios de evaluación de la materia?

Y se que en Bachillerato se exige "evaluar la actitud que han desarrollado los alumnos ante los problemas sociales", y en los criterios de evaluación de Primaria nos encontramos con que "el aprendizaje de esta área va más allá de la adquisición de conocimientos. En este sentido, los planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la adquisición de hábitos e influya en los comportamientos". Y por ello, en los criterios de evaluación se habla de "valorar si el alumno o la alumna manifiesta en sus comportamientos cotidianos un conocimiento de sus características propias y si ejerce una autorregulación de sus emociones y sentimientos".

Pero no acaba ahí la cosa. En la Educación Ético-Cívica de 4º se pide "descubrir sus sentimientos en las relaciones interpersonales. Con este criterio se intenta comprobar que cada alumno y alumna asume y controla sus propios sentimientos". O también "identificar y rechazar, a partir del análisis de hechos reales o figurados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando las diferencias personales y mostrando autonomía de criterio. Este criterio permite comprobar si el alumnado, ante la presentación de un caso o situación simulada o real, es capaz de reconocer la discriminación que, por motivos diversos, sufren determinadas personas en las sociedades actuales y si manifiesta autonomía de criterio, actitudes de rechazo hacia las discriminaciones y respeto por las diferencias personales".

Es más, en algunos desarrollos autonómicos dan una vuelta de tuerca más a lo previsto por el Ministerio. Por ejemplo, en el Decreto del País Vasco (BOPV, 13 de noviembre de 2007) afirma que, con esta materia obligatoria, "el alumnado se enfrentará a situaciones que exigen tomas de posición y juicios de valor, lo que potencia la actividad crítica sobre los propios valores y conductas". Concretamente, Educación Ético-Cívica, en su versión vasca, se centra en "la construcción de valores morales ligada a la educación del juicio moral". Esta asignatura establece también, como criterio de evaluación, que el alumno "proporcione diferentes respuestas a una misma situación éticamente problemática de acuerdo a diferentes teorías éticas".

Es decir: los alumnos no sólo tendrán que declarar qué piensan sobre multitud de cuestiones de índole desde ética, hasta sexual o incluso social y política, sino que para aprobar tendrán que acomodar ese pensamiento en su fuero interno al estándar de lo aceptable según el currículum de EpC. ¿No decía el artículo 16.2 que "nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias"? Y me parece que si los alumnos muestran un juicio ético diferente del que marca el relativismo moral y los postulados de la ideología de género que impregna el currículum está abocado al suspenso, además de la burla del profesor y/o compañeros. Y no es hipótesis; algunos valientes objetores andaluces durante el curso pasado podrían poner muchos ejemplos a mis palabras.

Por otro lado, la vicepresidenta se ha declarado una vez más fervorosa creyente del "positivismo jurídico" al insistir en que ésta es "una asignatura aprobada en el Parlamento". Ya, ¿y qué? ¿Hay que volver a decir que aunque el Parlamento aprobara, por ejemplo, una ley por la que se declarara legal gasear a los judíos nos iba a parecer muy bien? ¿Es que hay que volver a decir que no todo lo legal es éticamente aceptable, y que precisamente porque se trata de una ley en vigor, que colisiona con la conciencia de miles de españoles, es por lo que se está produciendo la objeción?

Pese a todo, la ministra no puede esconder ya con facilidad a 45.000 objetores y ha rebajado su pretendida normalidad a una "normalidad salpicada de recursos ante los tribunales", como reconocía en sus declaraciones a la SER recogidas por Servimedia. Y tanto. Nos gustaría muchísimo saber, por cierto, qué opinan sus colegas europeos sobre la insólita "normalidad" que está dándose en España a propósito de una supuesta asignatura del sistema escolar. Sin duda se preguntarán qué intentan enseñar en España para que esté provocando 45.000 objeciones de conciencia, y subiendo.

"No es admisible que ninguna administración pública aliente a nadie a incumplir la ley, porque si no se respetan las leyes no se respeta a los ciudadanos", ha dicho De la Vega. Y la señora Cabrera, como un eco, ha dicho: "La ley hay que cumplirla. Es obligatoria. Es la mejor lección de educaciónpara la ciudadaníaque podemos dar". En eso estamos de acuerdo, señoras: la primera Ley que tiene obligación de cumplir el Gobierno es la Constitución. Respeten a los ciudadanos por el sencillo medio de respetar los derechos constitucionales de la ciudadanía. Ahorrarían molestias a los padres, y a los tribunales el colapso al que van a verse abocados. En fin. Son las lecciones de la democracia: cuando conculquen sus derechos, no se resignen y recurran.

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