A lo largo de estos años de revolución bolivariana, un objetivo se ha presentado siempre como la máxima aspiración de la oposición en Venezuela: el de construir un liderazgo que aglutinara a todos los adversarios del régimen. Necesariamente la cuestión se pensaba en términos personales, como la elevación de una figura capaz de ponerle cara a la lucha antichavista. Varias circunstancias daban sentido a este enfoque. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Chávez se había apoderado de la escena venezolana tras el colapso de los partidos tradicionales; de manera que, sin recomponerse éstos de su descalabro, y aún demasiado incipientes las formaciones que surgieron después (como Primero Justicia), no se contaba con una eficaz maquinaria movilizadora. El teniente coronel golpista, surgido como "antídoto" contra la política, había demonizado a los partidos hasta el punto de que su propia causa debía quedar reducida a su caudillaje: sin Chávez, el chavismo se asienta, mucho más que en sus estructuras partidistas, sobre la logística cubana de grupos paramilitares y redes maoístas de carácter suburbano (y esto es lo que cae del lado de Maduro), y (por el de Diosdado Cabello) en la tutela militar de un Estado narcotraficante y patrocinador de toda clase de delitos.
La incapacidad evidente de cualquiera de los partidos de oposición para enfrentar el personalismo del gran mistificador aconsejaba unir fuerzas en torno a un líder. Pero este líder era, sobre todo, un candidato, pues el terreno para medirse fueron siempre las elecciones, aunque bien pronto comenzó a ser evidente que el Gobierno controlaba a su antojo el órgano electoral, y que echaba mano de los recursos más ventajistas y fraudulentos para conseguir de las urnas la legitimidad democrática que iba perdiendo con su grosero atropello de la institucionalidad y con su cerco cada vez más estrecho a las libertades ciudadanas. Pero en vez de denunciar esta farsa la coalición antichavista se prestó a secundarla, haciendo creer a todos que los derechos de los opositores tenían cabida dentro del régimen, por más que éste identificase como "fascista" y "apátrida" cualquier forma de disidencia y convirtiera en ley la consigna "¡Patria, socialismo o muerte!".
Asfixiada de esa forma, la gente ahora se ha echado a la calle y no precisamente a remolque de una derrota electoral, como habría cabido esperar. Su causa no es la de ningún candidato, sino la de la ciudadanía acorralada por la falta de seguridad personal y jurídica, por la más absoluta impunidad para el delito, por un espantoso deterioro de las condiciones de vida -un prosélito chavista me acusaba, en el comentario a un artículo anterior, de mentir abiertamente por afirmar que la pobreza y la desigualdad se habían acrecentado bajo el despotismo chavista. Pues basten dos datos, que los titulares de toda la prensa han confirmado recientemente: el primero, que el país tiene una de las inflaciones más altas del mundo, lo cual significa que se ha pulverizado la capacidad adquisitiva de la gente; y el segundo, que ocupa el puesto 160 de 177 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Consistiendo la corrupción en el enriquecimiento desmedido de la oligarquía enchufada en el poder, es evidente que hay una brecha de inmensa desigualdad entre esos privilegiados y la masa que hoy a duras penas puede comprar, con el mismo dinero, una parte de las cosas a las que alcanzaba hace un año-.
La protesta de los venezolanos no es más que la reasunción de la soberanía popular, que mal podía ejercerse a través del voto cuando la nacional se hallaba enajenada por Cuba. Ahora el país lucha por zafarse de un régimen que representa a la vez la opresión y la ocupación, y Leopoldo López ha entendido que el liderazgo no puede consistir más que en ponerse al frente de esa gesta. Por su aparición en defensa del líder preso, y junto a la mujer de éste, cabe pensar que Capriles ha oído el mensaje de la calle: o hace lo propio o se queda al margen del reclamo nacional, que no es ni puede ser otro sino el fin del totalitarismo proconsular de Nicolás Maduro, que ha convertido a los venezolanos en súbditos de Raúl Castro.
Hoy la unidad de la resistencia venezolana es importante en la medida en que contribuya a ese urgente e irrenunciable fin. La unidad no es ya un mero cálculo matemático jaleado por la ingenuidad de las encuestas que parecían obviar el infranqueable control chavista. Tampoco es el despunte de un Chávez de oposición diseñado según las estrategias de los asesores de imagen. La unidad es hoy la lucha patriótica y conjunta de una sociedad contra sus verdugos, y, puesto que hay que concebirla como el comienzo de una reconstrucción, más bien conviene advertir que el signo político de ese proceso tiene que ser la pluralidad. Esta batalla debe conducir a la formación de un Gobierno de Salvación Nacional en el que estén representadas todas las fuerzas democráticas, y cuya tarea más urgente, junto a la erradicación del terrorismo de Estado, debe ser la regeneración del tejido institucional del país, para hacer efectiva la independencia de los poderes públicos (incluido el electoral) y, con ella, la restitución del Estado de Derecho.