L D (EFE)
Acebes manifestó su oposición a "los procesos de regularización permanentes" tras la firma de un convenio de colaboración con los Ministerios de Administraciones Públicas, Trabajo y Asuntos Sociales y Justicia que simplificará la gestión del permiso de residencia, ya que los inmigrantes no tendrán que presentar el certificado de antecedentes penales, que será comprobado por la propia administración.
El titular de Interior, quien destacó la dificultad de calcular el número de inmigrantes irregulares que hay en España, consideró que una "acción permanente de dar reconocimiento a la inmigración ilegal sería dar la razón a las organizaciones que trafican con seres humanos", quienes prometen a sus "clientes" que "antes o después" serán regularizados.
Según explicó, "dar papeles para todos antes o después crearía problemas de convivencia y de asistencia", ya que ningún país de la UE tiene recursos ilimitados para dar trabajo, asistencia sanitaria, educación y prestaciones sociales. El ministro de Interior reconoció que hubo procesos de regularización con la aprobación de anteriores leyes de extranjería respondiendo a "un momento histórico determinado", pero apostó por mantener la política del Gobierno de facilitar la inmigración legal y actuar "con firmeza" para evitar o reducir la ilegal.
El convenio suscrito tiene precisamente como objetivo facilitar los trámites burocráticos que tienen que realizar los inmigrantes legales para renovar su permiso de residencia. Después de que a finales del año pasado se suscribieran sendos acuerdos con la Seguridad Social y con Hacienda para que no tuvieran que presentar los certificados de estar al corriente de los pagos, con el nuevo acuerdo se eliminará la obligación de presentar el certificado de penales. Al solicitar la renovación, se preguntará al inmigrante si autoriza a la administración a acceder por vía telemática a su certificado, por lo que la persona no tendrá que hacer un nuevo trámite.
El titular de Justicia, José María Michavila, destacó la importancia del acuerdo para eliminar las "colas" que ahora se producen con el fin de obtener los papeles necesarios. Según explicó, el primer paso de la administración electrónica de justicia fue la obtención telemática de certificados para los juicios rápidos, éste es el segundo y el tercero se aprobará en otoño, cuando se permitirá a cada ciudadano acceder al registro de penados y rebeldes desde su propio ordenador.
El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, elogió también el convenio firmado, ya que se emiten al año 573.000 certificados en papel de penales, 390.000 certificados de Seguridad Social y otros 390.000 relativos a las obligaciones fiscales. El que la administración se ocupe de verificar los datos facilitará el trabajo de los centros públicos y las gestiones de los propios inmigrantes, añadió Arenas, quien destacó que la administración electrónica en todas sus vertientes permitirá suprimir le emisión de seis millones de certificados en papel.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, se mostró convencido de que este nuevo acuerdo permitirá que la integración sea más rápida. La inmigración, apuntó, es un fenómenos "tremendamente positivo si se hace de forma ordenada", ya que de ese modo se garantiza la plena integración de personas que "nos ayudan a crear empleo y a generar riqueza".
El titular de Interior, quien destacó la dificultad de calcular el número de inmigrantes irregulares que hay en España, consideró que una "acción permanente de dar reconocimiento a la inmigración ilegal sería dar la razón a las organizaciones que trafican con seres humanos", quienes prometen a sus "clientes" que "antes o después" serán regularizados.
Según explicó, "dar papeles para todos antes o después crearía problemas de convivencia y de asistencia", ya que ningún país de la UE tiene recursos ilimitados para dar trabajo, asistencia sanitaria, educación y prestaciones sociales. El ministro de Interior reconoció que hubo procesos de regularización con la aprobación de anteriores leyes de extranjería respondiendo a "un momento histórico determinado", pero apostó por mantener la política del Gobierno de facilitar la inmigración legal y actuar "con firmeza" para evitar o reducir la ilegal.
El convenio suscrito tiene precisamente como objetivo facilitar los trámites burocráticos que tienen que realizar los inmigrantes legales para renovar su permiso de residencia. Después de que a finales del año pasado se suscribieran sendos acuerdos con la Seguridad Social y con Hacienda para que no tuvieran que presentar los certificados de estar al corriente de los pagos, con el nuevo acuerdo se eliminará la obligación de presentar el certificado de penales. Al solicitar la renovación, se preguntará al inmigrante si autoriza a la administración a acceder por vía telemática a su certificado, por lo que la persona no tendrá que hacer un nuevo trámite.
El titular de Justicia, José María Michavila, destacó la importancia del acuerdo para eliminar las "colas" que ahora se producen con el fin de obtener los papeles necesarios. Según explicó, el primer paso de la administración electrónica de justicia fue la obtención telemática de certificados para los juicios rápidos, éste es el segundo y el tercero se aprobará en otoño, cuando se permitirá a cada ciudadano acceder al registro de penados y rebeldes desde su propio ordenador.
El ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, elogió también el convenio firmado, ya que se emiten al año 573.000 certificados en papel de penales, 390.000 certificados de Seguridad Social y otros 390.000 relativos a las obligaciones fiscales. El que la administración se ocupe de verificar los datos facilitará el trabajo de los centros públicos y las gestiones de los propios inmigrantes, añadió Arenas, quien destacó que la administración electrónica en todas sus vertientes permitirá suprimir le emisión de seis millones de certificados en papel.
Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, se mostró convencido de que este nuevo acuerdo permitirá que la integración sea más rápida. La inmigración, apuntó, es un fenómenos "tremendamente positivo si se hace de forma ordenada", ya que de ese modo se garantiza la plena integración de personas que "nos ayudan a crear empleo y a generar riqueza".