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Carmen Calvo blindó unos archivos en Andalucía creando una ley a medida

Según recoge ABC, lo que intenta hacer la Junta, “blindando” el Archivo de Salamanca, ya fue aplicado con éxito en 1997. Lo hizo la entonces consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y ahora ministra, Carmen Calvo. Decidió inscribir con carácter específico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en la categoría de Monumento, la Casa de Pilatos en Sevilla y sus bienes vinculados: no eran otros que los fondos documentales del Archivo de la Casa Ducal de Medinaceli. Evitó su traslado a Toledo.

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Vallado el Archivo de Salamanca.
(Libertad Digital) La Junta de Castilla y León ha tomado nota y ha “blindado” por ley el Archivo de Salamanca, al integrarlo en el sistema de archivos de Castilla y León y al declarar Bien de Interés Cultural el contenido de aquéllos. La ministra de Cultura ha considerado que esas leyes “vulneran el reparto de competencias amparado por la Constitución y son inconstitucionales”.
 
Según ABC y remontándose a 1989 la Fundación Casa Ducal de Medinaceli firmó un convenio con Cultura por el que se cedía el uso de un ala del Hospital Tavera de Toledo para albergar la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional y se comprometía a depositar su Archivo allí. Como la Ley de Archivos andaluza permitía la libre circulación dentro de España, se ordenó la inmovilización provisional de los fondos hasta que se resolviese el expediente de inscripción de la Casa de Pilatos en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. Con esta triquiñuela, siempre según el diario, se pretendía vincular como parte inseparable el Archivo con el Monumento.
 
En el verano de 1995, las Secciones no andaluzas del Archivo de Medinaceli se trasladan a Tavera y estalla la polémica. El ministerio de Cultura (entonces dirigido por Esperanza Aguirre) no recibió los documentos, debido a la oposición de la Junta de Andalucía. En 1999 Calvo modificó la ley de Archivos de Andalucía, incluyendo cláusulas para que no se repita (según sus propias palabras) el “caso desgraciado” del Archivo de Medinaceli.
 
Una de las nuevas incorporaciones a la Ley de Archivos era la cláusula que prohibía el traslado de documentos “cuando el traslado afecte, directa o indirectamente, a bienes declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o vinculados a los mismos, y cuya disgregación o desvinculación afecte negativamente a los valores propios de estos bienes”. La autorización de traslado quedaba atribuida a la Consejería de Cultura de la Junta y así permanece la ley hasta hoy, gracias a esta ley hecha a medida.

El Ayuntamiento de Salamanca toma medidas

El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, anunció este jueves una serie de medidas para evitar la salidad de los papeles del Archivo. El alcalde subrayó en rueda de prensa que está "enfrascado en la defensa de lo que es un atentado cultural sin precedentes", a la vez que añadió que tiene "un sentido muy práctico de las cosas" y que lo único que quiere "es que el Archivo no se toque".

Los tribunales serán una de las principales bazas de los dirigentes salmantinos en este conflicto, aunque Lanzarote dijo que no puede anunciar el tipo de recursos que se iban a presentar "por no enseñar las cartas antes de tiempo". El regidor salmantino anunció que acudirá personalmente y en "calidad de ciudadano" al Defensor del Pueblo y al procurador del común de Castilla y León, a los que expondrá la situación del Archivo, el informe de la Comisión y les trasladará las 85.000 firmas recogidas en favor de la unidad y el aval de más de doscientos colectivos de diversas provincias españolas.

Como ocurrió en años precedentes, las instituciones salmantinas recurrirán a la UNESCO para solicitar un pronunciamiento sobre este respecto, por lo que en los próximos días una delegación del ayuntamiento de Salamanca viajará a París para entregar un informe "detallado, sobre qué es el Archivo de la Guerra, como se creó, cuál fue su función y cuál es la actual y que sepan lo que está ocurriendo", subrayó Lanzarote. A este respecto, el alcalde de Salamanca comentó que durante la redacción del informe que se enviará a la UNESCO se ha comprobado que "más del 80% de los legajos que se encuentran en las 504 cajas de la polémica fueron requisados en Madrid, porque estaban allí, no en Cataluña".

Entre las medidas que adoptará en los próximos días el consistorio salmantino, destaca además el envío de cartas informativas sobre la situación a embajadores y agregados culturales, instituciones culturales y universidades de España, Europa e Iberoamérica. Además se remitirá el informe a la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, entre las que se encuentra Salamanca, y a los 116 componentes de este colectivo. El regidor salmantino anunció que se emprenderá una campaña informativa dirigida a los ciudadanos "para evitar politiqueos sobre este tema" y a los que se entregará toda la documentación relativa al conflicto del Archivo. El ayuntamiento convocará también a los representantes de los más de 200 colectivos que apoyaron la campaña por la unidad del Archivo, "para que sepan lo que está pasando".

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