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Castilla-La Mancha amenaza a los objetores de Educación para la Ciudadanía

Varios centros educativos de Toledo han denunciado que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha les está dando instrucciones sobre cómo deben actuar ante casos de objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía. En una nota interna "se insta" a advertir a los padres que si el alumno no cursa la asignatura "no podrá ser evaluado, ni obtendrá la titulación correspondiente". Distintas asociaciones cívicas estudian ya acciones legales contra la medida.

SE ESTUDIAN ACCIONES LEGALES
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Varios centros educativos de Toledo han denunciado que la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha les está dando instrucciones sobre cómo deben actuar ante casos de objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía. En una nota interna "se insta" a advertir a los padres que si el alumno no cursa la asignatura "no podrá ser evaluado, ni obtendrá la titulación correspondiente". Distintas asociaciones cívicas estudian ya acciones legales contra la medida.
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(Libertad Digital) Una nota interior de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ordena a las direcciones de centros educativos de Toledo recibir los formularios de objeción de conciencia que se presenten y trasladarlos a la Delegación Provincial.
 
Igualmente, "insta" a advertir a los padres que "si el alumno no cursa la materia Educación para la Ciudadanía, no podrá ser evaluado y, por tanto, no promocionará de curso ni obtendrá la titulación correspondiente".
 
Para el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, "la nota evidencia una total falta de sensibilidad de la Administración educativa ante un problema real de millares de padres de familia". Añade que "es claramente inaceptable desde el punto de vista legal. Esta nota pretende negar a los ciudadanos un derecho constitucional como es la objeción de conciencia, amparado por el art. 16 de la Constitución Española y reconocido en diferentes sentencias por el Tribunal Constitucional".
 
En defensa de la objeción
 
Del mismo modo, Urcelay ha recordado que la Asociación Profesional de la Magistratura –mayoritaria entre los jueces– ha defendido a través de su portavoz, Antonio García, que "el Estado no debe imponer una moral pública; el paternalismo estatal está superado, y no puede quitarnos nuestra conciencia".
 
En este sentido ha recordado además que "el que no quiera recibir la asignatura, no la recibirá, porque lo que no se puede hacer es perder un derecho fundamental que está en la Constitución, ya que la libertad de conciencia está reconocida como un derecho básico, del que se deriva el ejercicio de la objeción de conciencia, aunque este derecho no esté desarrollado en una ley específica".
 
Así, varias asociaciones promotoras de la objeción de conciencia frente a la asignatura han puesto esta nota interna de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha en manos de sus servicios jurídicos, con el objetivo de "que ejerzan de inmediato las acciones legales pertinentes en defensa de los derechos de los padres frente a las coacciones ilegítimas de la Administración".

Profesionales por la Ética que, a día de hoy, se han producido objeciones de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía en Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia y Región de Murcia.

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