L D (EFE)
El objetivo de la reforma, que supondrá modificar veinte de los setenta artículos de la norma, será incorporar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que anuló trece artículos del reglamento de la ley, y adaptarla a las nuevas directivas europeas en materia de inmigración.
Entre sus novedades figura la simplificación de los trámites burocráticos y la posibilidad de que el visado concedido en el país de origen se considere como permiso de trabajo y de residencia. El visado se asociará a la circunstancia o situación por la que un extranjero quiere venir a España y, de este modo, podrá servir como permiso de trabajo y de residencia y, por tanto, el inmigrante podrá darse de alta en la Seguridad Social.
Además potenciará los procedimientos de control y expulsión de extranjeros que accedan de modo ilegal a España, reforzará el cuadro de sanciones y aumentará las obligaciones de los transportistas. Sobre este último aspecto, la ley establece la posibilidad de obligar a las compañías aéreas a informar de su lista de viajeros para detectar los vuelos "calientes" , es decir, los más utilizados por la inmigración ilegal, y comuniquen la identidad de las personas que no hacen uso de su billete de vuelta. Otra de las novedades se refiere a que las líneas aéreas habrán de hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que este salió (no necesariamente su país de origen), y en el caso de que las compañías no colaboren podrán ser sancionadas.
El Gobierno estudia también otorgar rango de ley a las normas y criterios de actuación referidas al empadronamiento con el fin de que el padrón sea una fuente de información veraz y plantea medidas que impidan las peticiones fraudulentas de regularización.
El cambio de la ley recoge además el reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión , que podrán ser ejecutadas por cualquier país miembro de la UE.
Entre sus novedades figura la simplificación de los trámites burocráticos y la posibilidad de que el visado concedido en el país de origen se considere como permiso de trabajo y de residencia. El visado se asociará a la circunstancia o situación por la que un extranjero quiere venir a España y, de este modo, podrá servir como permiso de trabajo y de residencia y, por tanto, el inmigrante podrá darse de alta en la Seguridad Social.
Además potenciará los procedimientos de control y expulsión de extranjeros que accedan de modo ilegal a España, reforzará el cuadro de sanciones y aumentará las obligaciones de los transportistas. Sobre este último aspecto, la ley establece la posibilidad de obligar a las compañías aéreas a informar de su lista de viajeros para detectar los vuelos "calientes" , es decir, los más utilizados por la inmigración ilegal, y comuniquen la identidad de las personas que no hacen uso de su billete de vuelta. Otra de las novedades se refiere a que las líneas aéreas habrán de hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que este salió (no necesariamente su país de origen), y en el caso de que las compañías no colaboren podrán ser sancionadas.
El Gobierno estudia también otorgar rango de ley a las normas y criterios de actuación referidas al empadronamiento con el fin de que el padrón sea una fuente de información veraz y plantea medidas que impidan las peticiones fraudulentas de regularización.
El cambio de la ley recoge además el reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión , que podrán ser ejecutadas por cualquier país miembro de la UE.