L D (EFE)
Esta sentencia, que es firme, se ha producido después del recurso contencioso-administrativo presentado en 2001 por las 30 organizaciones de las federaciones de asociaciones pro-inmigrantes Red Acoge y Andalucía Acoge, que informaron este viernes de la decisión judicial en Málaga.
Entre los artículos que el Supremo anula figuran el internamiento en un centro de detención de los inmigrantes que intentan entrar en patera o la posibilidad de que los funcionarios policiales retiren el pasaporte a un inmigrante o tomen medidas cautelares. La sentencia considera ilegal la equiparación de la persona que pretende entrar en el país con el inmigrante que ya está en tránsito o en ruta dentro de España.
Esto supone que sólo podrán ser devueltos a su país los inmigrantes que tengan la pretensión de acceder a España "y no los que ya están en su interior", estimó el presidente en funciones de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez.El TS también anula las condiciones que el reglamento ponía a la Ley de Extranjería en materia de reagrupamiento.
En Veria (Grecia), el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Ignacio González, quien asiste a una reunión de la UE, aseguró que la sentencia "no contradice" la política de inmigración, de internamientos y de repatriaciones del Ejecutivo. Según Ignacio González, "con esta sentencia, el Gobierno va a poder seguir internando a las personas que accedan de manera ilegal a nuestro territorio por puntos distintos a los pasos fronterizos y, por lo tanto, lo que haremos es ajustar nuestros procedimientos a las determinaciones que se establecen ahí, que son cuestiones puramente procedimentales".
La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, manifestó en relación con la sentencia que es "todo un varapalo" judicial, y añadió que pone de relieve la "incompetencia" que ha presidido las actuaciones del Gobierno en materia de extranjería a lo largo de la legislatura.
En declaraciones a Efe, la secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales y Política Migratoria del PP, Angeles Muñoz, dijo que la sentencia "modifica cuestiones de procedimiento, no de fondo" y agregó que "se ajustará el procedimiento a lo que marca la sentencia".
También en declaraciones a Efe, el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, dijo que la sentencia demuestra el "fracaso absoluto" del Gobierno en materia de inmigración.
El portavoz de Política Social y Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, señaló a Efe que la sentencia "es un golpe importante a una manera de gestionar la inmigración, de forma precipitada y con poco rigor jurídico"; anunció que su grupo pedirá el lunes la comparecencia parlamentaria de Ignacio González, al tiempo que abogó por la necesidad de volver a intentar el consenso en inmigración.
Entre los artículos que el Supremo anula figuran el internamiento en un centro de detención de los inmigrantes que intentan entrar en patera o la posibilidad de que los funcionarios policiales retiren el pasaporte a un inmigrante o tomen medidas cautelares. La sentencia considera ilegal la equiparación de la persona que pretende entrar en el país con el inmigrante que ya está en tránsito o en ruta dentro de España.
Esto supone que sólo podrán ser devueltos a su país los inmigrantes que tengan la pretensión de acceder a España "y no los que ya están en su interior", estimó el presidente en funciones de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez.El TS también anula las condiciones que el reglamento ponía a la Ley de Extranjería en materia de reagrupamiento.
En Veria (Grecia), el delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Ignacio González, quien asiste a una reunión de la UE, aseguró que la sentencia "no contradice" la política de inmigración, de internamientos y de repatriaciones del Ejecutivo. Según Ignacio González, "con esta sentencia, el Gobierno va a poder seguir internando a las personas que accedan de manera ilegal a nuestro territorio por puntos distintos a los pasos fronterizos y, por lo tanto, lo que haremos es ajustar nuestros procedimientos a las determinaciones que se establecen ahí, que son cuestiones puramente procedimentales".
La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, manifestó en relación con la sentencia que es "todo un varapalo" judicial, y añadió que pone de relieve la "incompetencia" que ha presidido las actuaciones del Gobierno en materia de extranjería a lo largo de la legislatura.
En declaraciones a Efe, la secretaria ejecutiva de Asuntos Sociales y Política Migratoria del PP, Angeles Muñoz, dijo que la sentencia "modifica cuestiones de procedimiento, no de fondo" y agregó que "se ajustará el procedimiento a lo que marca la sentencia".
También en declaraciones a Efe, el portavoz de IU en el Congreso, Felipe Alcaraz, dijo que la sentencia demuestra el "fracaso absoluto" del Gobierno en materia de inmigración.
El portavoz de Política Social y Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, señaló a Efe que la sentencia "es un golpe importante a una manera de gestionar la inmigración, de forma precipitada y con poco rigor jurídico"; anunció que su grupo pedirá el lunes la comparecencia parlamentaria de Ignacio González, al tiempo que abogó por la necesidad de volver a intentar el consenso en inmigración.