El asalto a la capilla del campus de Somosaguas ha puesto de manifiesto lo barato que es atacar a los católicos en España y cómo el Gobierno y la Fiscalía generalmente deciden mirar para otro lado cuando se ofenden los sentimientos religiosos de los cristianos, tanto en España como con la brutal persecución que viven en países musulmanes.
Las decenas de radicales de extrema izquierda que tomaron la capilla y que realizaron allí actos blasfemos podrían haber incurrido en varios delitos y, sin embargo, el rector de la Complutense sólo ha abierto un expediente informativo pese a que la imagen de la institución ha quedado una vez más por los suelos.
Primera querella contra los asaltantes
Como los mismos asaltantes han visto durante estos días, pues ahora han dado marcha atrás, sus actos podrían tener consecuencias. De hecho, ya se ha presentado una querella por este asunto. El autor ha sido Manos Limpias y se ha basado, tal y como ya informó Libertad Digital, en los artículos 524 y 525 del Código Penal.
Este sindicato ha denunciado a los responsables de la Asociación de extrema izquierda "Contrapoder". Este grupo reivindicó los hechos en un primer momento y, tras observar la que se le venía encima, emitió un comunicado apoyando los hechos pero negando su participación.
A este grupúsculo se le acusa de un "delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos" amparado tanto en la Constitución Española como en el Código Penal. Además, la querella habla de "profanación" de un templo y asegura que "la jurisprudencia ha recogido la formulación de la profanación como el trato de una cosa sagrada o religiosa, sin el debido respeto, o dedicándola a usos profanos".
Ofender sale gratis
En los últimos años se han ido reproduciendo los actos ofensivos contra los católicos así como ataques a este importante colectivo. En todos los casos destaca la ausencia de la Fiscalía, que siempre ha decidido mirar para otro lado. Actos en universidades, exposiciones, manifestaciones y artículos periodísticos son algunos ejemplos.
Han sido varias las denuncias que distintas organizaciones y particulares han puesto en los distintos actos blasfemos que se han producido en algunas universidades públicas españolas. Y es que la universidad española es donde más acogida tienen estos ataques contra la Iglesia Católica.
En este sentido de aplicarse de manera rigurosa el Código Penal, autores de estos ataques podrían pisar la cárcel. Sin embargo, la complacencia de jueces y fiscales y la opinión de que estos ataques no son tan graves chocan, con la legislación española.
Para el caso del asalto a la capilla se prevén los artículos 524 y 525 del Código Penal. En el primero de ellos se establece hasta pena de prisión de seis meses y multas de hasta dos años para "actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos". Este artículo se cumple a rajatabla en el asalto a la capilla y en otros muchos actos a lo largo de estos años.
Más flagrante es lo del artículo 525. Columnistas de diarios de extrema izquierda y grupos organizados lo han incumplido de manera sistemática e impunemente. Dice de manera textual que "incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".
Sin embargo, sí hay otro artículo en el Código de Penal que de aplicarse sí podría conllevar ir a la cárcel. Sería el 523 y depende de la interpretación del juez el que se cumpla o no se cumpla. De hecho, dice que "el que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas" podría ser "castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar".
Aquí habría que analizar varios aspectos. El hecho se produjo en la capilla y, al parecer, había gente rezando allí cuando este grupo de energúmenos irrumpió y perturbó a los fieles. Habrá que ver si el rezo estaría contemplado como uno de los actos o funciones de los que habla el artículo 523 puesto que si así fuera los responsables sí podrían ser condenados con prisión. Sin embargo, no se conoce suceso de este tipo que haya provocado prisión para alguno de los autores.
Berzosa ve "desmesurada" la repercusión
Mientras tanto, el rector Carlos Berzosa ve "desmesuradas" las reacciones. "No creo que haya que detener a estas personas ni limitar su responsabilidad. Si han cometido un delito penal, eso lo tendrá que determinar un juez", afirmó el rector de la Complutense a ABC.
Por su parte, el candidato continuista en las elecciones, Carlos Andradas, declaró ayer a esRadio que espera que este "incidente" no sea un elemento de campaña. Sus argumentos se centraron en todo momento en hablar de "respeto y tolerancia".
De manera diferente se mostró José Iturmendi, también candidato, que enmarcó el asalto "en un movimiento contra la Iglesia Católica que se está produciendo en varias universidades". Además, acusó al Rectorado de dar "mucha cobertura" a estos grupos radicales. Así recordó como se permitió a hablar tranquilamente a Hugo Chávez en la universidad mientras se agredía a los opositores. "Estos actos no son tolerables y deben ser perseguidos pues se cometió un delito", sentenció. También el Partido Popular se ha manifestado al respecto y ha exigido a Rubalcaba que detenga a los autores de los altercados.