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La juez del robo de droga en Sevilla cree que la imputación de los mandos de la Udyco ha sido un error

Como anticipó Libertad Digital hace un año, la imputación del jefe de la Udyco de Sevilla, Francisco Tarifa, inducida por los ladrones que robaron la droga y por las autoridades policiales que los creyeron, ha resultado ser un grave error policial que ha inducido a error a la juez.

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La juez que investiga el robo de 150 kilos de droga en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla considera que el ex jefe provincial de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), Francisco Tarifa Pérez, "no puede ser imputado de modo alguno en el robo" y que los imputados que le acusan han "fabulado" una "extraordinaria teoría", teoría que fue creída por los investigadores de la propia Policía. 

En un auto, la juez de instrucción nº 19 de Sevilla rechaza la última versión de los dos principales imputados -el ex policía Lars Sepúlveda Madsen y su socio Manuel A. N.-, que el pasado mes de mayo acusaron al entonces jefe de la Udyco de haberles encargado hacer paquetes de talco y yeso para cambiarlos por los de cocaína y heroína. Según la declaración de los acusados, elaboraron los paquetes a petición de Francisco T. P. sin conocer su destino real y en la creencia de que se iban a utilizar en una operación antidroga. Tal tesis, dice ahora la juez, "no tiene un solo dato objetivo que la avale", mientras que la participación de Lars y Manuel "se ve constatada a lo largo de la causa por el resto de los indicios obtenidos en el curso de una exhaustiva investigación policial y judicial".

El ex jefe provincial de la Udyco y dos adjuntos estaban imputados en las actuaciones por "encubrimiento u omisión de denunciar" por supuestamente haber conocido la sustracción de la droga y no denunciarlo. La juez, en otro auto, ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre el fin de esta parte de las investigaciones y sobre la posibilidad de imputar al jefe de la Udyco por un delito por tráfico de drogas, por supuestamente favorecer al clan de narcotraficantes de Los Barriga, que trabajaban para él como confidentes.

Pero Francisco Tarifa "ha sido investigado de manera exhaustiva, se han intervenido sus comunicaciones y se ha efectuado una investigación patrimonial que ha resultado absolutamente negativa", dice la juez en relación con las acusaciones vertidas contra él por Lars S. M. y su socio.

Ya lo dijimos en Libertad Digital en octubre de 2009: que era un montaje

En aquel momento, Libertad Digital informó que según fuentes policiales de la Jefatura Superior de la Policía de Sevilla, el ministerio del Interior, a través de los policías de Asuntos Internos dirigidos por Carlos Germán -implicado en el caso Faisán, en el que ha negado ante notario ser el famoso "chivato"-y enviados desde Madrid para investigar el robo de las drogas, había cometido un monumental error al facilitar la imputación de los tres mandos policiales, el jefe de sección de la Udyco y los dos inspectores jefes de grupo. Este error había desmerecido el prestigio de la policía judicial en Andalucía y ha perjudicado la imagen de los policías afectados.

Según fuentes dignas de todo crédito de la propia Policía Judicial, el malestar creció rápidamente en el Cuerpo de Policía de Sevilla por considerarse que los tres mandos imputados eran absolutamente honestos, que habían colaborado desde el primer momento con los profesionales de asuntos internos llegados desde Madrid hace más de un año y que fueron ellos mismos los que dieron el nombre de Lars Sepúlveda Madsen como presunto autor del robo de las drogas, ayudado de sus cómplices, de los que asimismo comunicaron el nombre. Precisamente fue Tarifa el mando que quiso que el subordinado Lars Sepúlveda dejara la Unidad por no fiarse de sus comportamientos. Poco después, Sepúlveda pidió la excedencia.

Nadie se explica en el Cuerpo ni en la Comisaría General de Sevilla a qué se debió la obsesión traída desde Madrid para provocar la imputación, muy especialmente, de Francisco Tarifa, el jefe de la sección de Udyco de la Brigada de la Policía Judicial. A lo largo de todo el año, Tarifa había sufrido pinchazos de teléfono, el robo del disco duro (CDU) de su ordenador y diferentes hechos relativos a un espionaje sistemático por parte de sus compañeros de Asuntos Internos, sin que haya más explicación que los presuntos retrasos iniciales en dar a conocer los hechos.

Estos retrasos, según las mismas fuentes, fueron ocasionados por la dificultad en el reconocimiento de los paquetes nuevamente hechos a mano por los ladrones, en los que se encontraron huellas y otras pruebas. Tales pruebas y análisis llevaron un tiempo necesario para poder confirmar que en efecto había sido un robo. De hecho, informaron al instante al jefe de la Brigada, al jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra y a la juez.

Además, fue el propio jefe Tarifa el que, no en una ocasión sino en muchas, remitió escritos oficiales a la Jefatura de la Policía de Sevilla denunciando la situación absolutamente impropia del almacenamiento de la droga en las dependencias policiales y pidiendo fuese retirada de las mismas por no haber garantías mínimas ni de conservación ni de vigilancia.

El Ministerio del Interior ya dio muestras de dar marcha atrás cuando, a pesar de producirse la imputación, decidió no tomar medida alguna contra estos tres mandos policiales y mantenerlos en sus puestos. Lo que en principio fue interpretado como una actitud pasiva del Ministerio, se revela ahora como la corrección de un profundo error que ha afectado a la imagen profesional de la Policía en Sevilla y al prestigio de tres de sus mandos.

El robo de la droga y el caso Faisán

La investigación del chivatazo del Faisán fue encargada a un grupo de agentes de la Comisaría General de Información bajo la dirección de un inspector jefe que el periódico El Mundo identificaba como Carlos G. Después de varios meses sin que la investigación hubiese llegado a ninguna conclusión, a pesar de que el juez Garzón había autorizado numerosos pinchazos telefónicos a personajes "relevantes" (muchos de los cuales seguirían bajo investigación), este grupo de agentes fue destinado a Asuntos Internos, la unidad policial encargada de investigar los delitos cometidos por miembros del propio cuerpo.

De este modo, se da la circunstancia de que este mismo grupo de policías fue también encargado de investigar el que ha sido uno de los últimos grandes escándalos que los cuerpos de seguridad han protagonizado en nuestro país: el robo de un centenar de kilogramos de cocaína de gran pureza de los almacenes de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que se cometió en el mes de junio del 2008.

Según la información de El Mundo este grupo de agentes funciona de forma autónoma, con muy pocos contactos con el resto de compañeros de la unidad de Asuntos Internos. Según fuentes policiales se trata del equipo al que se le encargan "trabajos especiales" y es mirado con cierto recelo por bastantes miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

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