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La Junta prepara una ley que permitiría aplicar la eutanasia con la oposición de la familia

Bajo el disfraz de una muerte digna, la Junta de Andalucía prepara una ley que instaure la eutanasia. Para ello, contemplan una serie de medidas severas como el poder sancionar hasta con un millón de euros a los médicos que se empeñen en mantener con vida a un enfermo terminal sin posibilidad de recuperación. Según informa El País, los facultativos serán los que tengan la última palabra sobre la aplicación de la eutanasia a pesar de que la familia esté en contra de la opinión del hospital. Además, lo menores con 16 años podrán decidir por sí mismos.

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Bajo el disfraz de una muerte digna, la Junta de Andalucía prepara una ley que instaure la eutanasia. Para ello, contemplan una serie de medidas severas como el poder sancionar hasta con un millón de euros a los médicos que se empeñen en mantener con vida a un enfermo terminal sin posibilidad de recuperación. Según informa El País, los facultativos serán los que tengan la última palabra sobre la aplicación de la eutanasia a pesar de que la familia esté en contra de la opinión del hospital. Además, lo menores con 16 años podrán decidir por sí mismos.
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(Libertad Digital) La Junta de Andalucía está preparando una ley que legaliza la eutanasia disfrazada como un reglamento sobre la "muerte digna". De hecho, se proponen sancionar hasta con un millón de euros a los facultativos que se empeñen en mantener con vida a un enfermo terminal sin posibilidad de recuperación. Lo califican de "medidas injustificadas e inútiles de prolongación de la vida", que podría ser considerado como una infracción muy grave.
 
De hecho, el artículo 20 de este anteproyecto de ley asegura que "el médico o médica responsable del paciente tiene la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estime necesario para evitar la obstinación terapéutica". Sin embargo, en caso de que los familiares del enfermo no estén de acuerdo con la decisión de proceder a la eutanasia a su allegado, el médico tendrá que solicitar un informe al comité de ética del centro. La polémica se suscita en el momento en el que será el facultativo quien tenga la última palabra aunque la familia esté en contra.
 
Otro aspecto controvertido de la ley es el tratamiento de los menores de edad en fase terminal. La Junta de Andalucía pretende que entre los 12 y los 16 años la decisión recaiga sobre los padres o representantes legales. Pero los menores con 16 años cumplidos podrán decidir por sí mismos y aunque la opinión de los padres se tendrá en cuenta, en caso de duda prevalecerá la del menor.

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