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El pirata es otra vez mayor de edad y el caso volverá a Pedraz

Esta vez "sin margen de error", la tercera prueba médica realizada al pirata somalí ha determinado que es mayor de edad. Tras pasar por las manos de Garzón, de Pedraz y de la Fiscalía de Menores, el caso vuelve ahora a la Audiencia Nacional.

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A la vista de este resultado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ha acordado el internamiento en un centro de menores de régimen cerrado, devolverá el caso del joven somalí Cabdiweli Cabdullahi, "Abdu Willy", al Juzgado de Pedraz, que este martes acordó su inmediata puesta en libertad tras determinar, mediante otras pruebas, que tenía una "edad mínima" de 17 años.

Las mismas fuentes han explicado que ahora el fiscal dictará un decreto para poner al joven a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 y que se continúen instruyendo ahí las diligencias abiertas. Para ello, el joven será puesto a disposición del Juez Central de Menores, José Luis Castro, para que éste se inhiba en favor de Pedraz, tras lo que deberá celebrarse una vistilla de las previstas en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en la que el fiscal solicitará su ingreso en prisión.

La ortopantomografía, una prueba radiológica de la dentadura, para determinar su edad, se le ha realizado este miércoles por la tarde a petición de la Fiscalía y tras la celebración por la mañana de una vista en la que han participado los fiscales Ignacio Gordillo y Jesús Alonso y el joven, asistido por un abogado de oficio y una traductora. Además de esta prueba, se le han realizado nuevas radiografías óseas que han determinado que el somalí "tiene una edad superior a 18 años", han detallado las fuentes consultadas.

Esperpento judicial

El caso del pirata somalí ha ofrecido un nuevo espectáculo del mal funcionamiento de la justicia española, y especialmente, la Audiencia Nacional.

Lo detuvieron, junto con otro de sus compañeros, el pasado 4 de octubre por ser uno de los presuntos secuestradores del pesquero español Alakrana en aguas del océano Índico y Garzón puso todo su empeño en traerlo a España. El caso prometía portadas en los medios.

Las dudas sobre su mayoría de edad sembraron el caos en un proceso judicial de por sí complejo. En primer lugar, porque en la legislación española el delito contra la piratería no está contemplado como tal. De hecho, la reforma del Código Penal, pendiente de recibir la luz verde del Congreso, tipificará el delito y cubrirá ese vacío legal. Está previsto que la piratería se castigue con penas de prisión de diez a quince años.

La Audiencia, ¿competente?

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón (en sustitución del titular de juzgado Número 1 de instrucción, Santiago Pedraz) pidió su extradición a España amparándose en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que daría competencia a la jurisdicción española para procesar a los delincuentes que acometen delitos de asociación ilícita.

Dicho artículo señala que la Audiencia es competente para juzgar “delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las Leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales Españoles”. El magistrado justificó la competencia española con la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 29 de abril de 1958 y con el artículo 105 del Convenio de Montego Bay de 10 de octubre de 1982.

Por ello, los piratas pasaron a disposición judicial el pasado día 13, fecha en la que Garzón ordenó su ingreso en prisión de forma incondicional. Sin embargo, para aquel entonces el lío ya estaba formado. El pirata “Willy” declaró nada más llegar a la sede del tribunal que era menor de edad por lo que la competencia del juzgado quedaba en entredicho.

Dudas sobre la edad

Las primeras pruebas médicas que se le practicaron al joven en el hospital madrileño Gregorio Marañón acreditaron su mayoría de edad o, al menos, así lo entendió el juez Baltasar Garzón. En el auto de envío a prisión, el instructor señaló que la estructura ósea de "Abdu Willy" se corresponde con la de “un tipo de 19 años, y en todo caso, en condiciones normales sin trastornos del crecimiento, mayor de 17”. No obstante, el juez pidió que se le practicasen más pruebas médicas.

Por ello, al pirata se le hizo un segundo examen para concretar sus años. De ese nuevo estudio se encargaron tres forenses de la Audiencia Nacional, quienes afirmaron que no podían determinar la edad exacta del presunto criminal, sino sólo afirmar que ésta es de 17 años o superior. A la vista de ese informe, el juez Santiago Pedraz (ya reincorporado a su juzgado) ordenó la inmediata puesta en libertad del detenido en función del principio "in dubio pro reo", es decir, en caso de duda, a favor del preso, "en el sentido de entenderse que el citado es menor de edad".

En su auto,Pedraz decidió trasladar su decisión a la Fiscalía de Menores de la Audiencia "a los efectos oportunos para la valoración de su responsabilidad penal en los hechos objeto de estas actuaciones y para velar por su integridad y los derechos que legalmente se reconocen a los menores". Ante la posibilidad de que se hiciese cargo un juzgado de menores en vez de la Audiencia (atendiendo a que la competencia sobre el proceso debe recaer sobre el juez de menores del lugar) la Fiscalía de Menores de Madrid dijo que no es competente porque el pirata menor no ha cometido ningún delito en la Comunidad de Madrid.

Al final, la Fiscalía de la Audiencia tuvo que aceptar el caso, acordando el internamiento en un centro de menores de régimen cerrado del pirata somalí. No obstante, a la vista de la tercera prueba médica –esperemos que definitiva- el pirata es mayor de edad, por lo que el procedimiento será devuelto a Pedraz.

De momento, la detención de los dos somalíes, calificada por fuentes judiciales de “prematura”, ha complicado la resolución del secuestro del atunero vasco, ya que el grupo pirata que mantiene secuestrado el barco ha amenazado con tomar represalias si los detenidos no eran puestos en libertad.

Además, la extradición de los criminales también ha servido para corroborar los problemas que tiene la Justicia española en el asunto de la piratería. Durante el secuestro del Playa de Bakio, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya protagonizó otra esperpéntica actuación al abrir procedimiento contra los secuestradores detenidos que luego tuvieron que ser puestos en libertad porque la Fiscalía retiró la acusación.

 

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