L D (EFE) Rodríguez ha hecho estas declaraciones en Barcelona, donde ha acudido invitada por la ONG Observatorio DESC para presentar el informe sobre España que ha elaborado para la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En su informe, la relatora señala que la "falta de política migratoria" del Gobierno es una de las causas del "grave incremento de la bolsa de indocumentados" que se ha producido en los últimos años en España. La relatora considera que este informe es una "sanción moral" al Gobierno español, que ya ha respondido con una nota verbal en la que asegura que mantiene "firmes discrepancias" con el contenido del texto.
Gabriela Rodríguez ha expresado su "sorpresa" por esta reacción del Gobierno y ha anunciado que no elaborará una "contrarréplica", sino que hará llegar al Ejecutivo "las múltiples denuncias y alegaciones" en las que se apoya su informe. En este sentido, ha añadido que espera que el nuevo Gobierno tenga "otro espíritu" y ponga en práctica "auténticas políticas de inmigración". "No se trata de regularizar a todo el mundo, sino de implementar políticas que permitan el acceso a la educación y a la salud, que eviten la explotación laboral y que salven los desequilibrios que pueden generar racismo", ha aclarado.
En su opinión, España tiene que buscar fórmulas más eficaces para luchar contra las mafias que introducen inmigrantes y los explotan laboralmente en territorio español. Para Rodríguez, a medida que los diferentes gobiernos utilizan medios de control policial de las fronteras más sofisticados, más personas son víctimas de las mafias y éstas aumentan sus ganancias.
La relatora también ha observado una profunda brecha entre las entidades no gubernamentales que trabajan con inmigrantes y el Gobierno español. "En otros países, las ONG son un grupo de presión con poder de influencia en el Gobierno, pero en España, no", ha asegurado la relatora, que ha recomendado al nuevo Ejecutivo que estreche los lazos con estas entidades.
En su informe, la relatora señala que la "falta de política migratoria" del Gobierno es una de las causas del "grave incremento de la bolsa de indocumentados" que se ha producido en los últimos años en España. La relatora considera que este informe es una "sanción moral" al Gobierno español, que ya ha respondido con una nota verbal en la que asegura que mantiene "firmes discrepancias" con el contenido del texto.
Gabriela Rodríguez ha expresado su "sorpresa" por esta reacción del Gobierno y ha anunciado que no elaborará una "contrarréplica", sino que hará llegar al Ejecutivo "las múltiples denuncias y alegaciones" en las que se apoya su informe. En este sentido, ha añadido que espera que el nuevo Gobierno tenga "otro espíritu" y ponga en práctica "auténticas políticas de inmigración". "No se trata de regularizar a todo el mundo, sino de implementar políticas que permitan el acceso a la educación y a la salud, que eviten la explotación laboral y que salven los desequilibrios que pueden generar racismo", ha aclarado.
En su opinión, España tiene que buscar fórmulas más eficaces para luchar contra las mafias que introducen inmigrantes y los explotan laboralmente en territorio español. Para Rodríguez, a medida que los diferentes gobiernos utilizan medios de control policial de las fronteras más sofisticados, más personas son víctimas de las mafias y éstas aumentan sus ganancias.
La relatora también ha observado una profunda brecha entre las entidades no gubernamentales que trabajan con inmigrantes y el Gobierno español. "En otros países, las ONG son un grupo de presión con poder de influencia en el Gobierno, pero en España, no", ha asegurado la relatora, que ha recomendado al nuevo Ejecutivo que estreche los lazos con estas entidades.