L D (Agencias) Rosa Díez, cuya intervención de vio salpicada de murmullos de distintas bancadas, instó al Gobierno a "frenar la discriminación de miles de familias que no pueden matricular a sus hijos en la lengua castellana" o de aquellos quieren expresarse en castellano en los espacios públicos. Dejó claro que la cooficialidad significa trato igual a todos los ciudadanos al margen de la lengua pero "cuando se llama política lingüística a excluir el castellano de todo espacio público, eso es una discriminación". "Es un atentado contra la libertad y contra la igualdad –proclamó–. No es una persecución a las lenguas, sino una discriminación a los ciudadanos".
Como ejemplos de lo que considera "un atentado contra la libertad y la igualdad" citó el hecho de que en el País Vasco se prime más el conocimiento del euskera que otras materias a la hora de seleccionar médicos o que "en la televisión pública catalana o valenciana no haya ni una sola hora en castellano". Frente a ello, insinuó que el Gobierno central mantiene una actitud pasiva: "No hay peor ciego que el que no quiere ver, y no hay peor gobierno que el que esté empeñado en gobernar contra la realidad", zanjó.
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, le replicó que las líneas del modelo lingüístico de nuestro país están claras en la Constitución y en los Estatutos y que si hay problemas concretos, se corregirán conforme a la legislación, pero recomendó a la diputada no convertirse en "máximo intérprete" de la Constitución por encima incluso del Tribunal Constitucional.
"La Constitución y los Estatutos establecen claramente las líneas del modelo lingüístico y no caben interpretaciones –dijo la ministra. El castellano es la lengua oficial del Estado, pero también lo son las demás en sus respectivas comunidades y el derecho de las personas al uso de una u otra lengua está fundado en la Constitución y en el Estatuto".
Según explicó, el Gobierno "sigue trabajando por la igualdad y protegiendo los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho lingüístico", pero siempre de acuerdo con la Constitución, la legislación y la jurisprudencia. En ese sentido, agregó que "si hay problemas concretos" en el uso de las lenguas, se corregirán "en base a nuestro ordenamiento"."Desde los poderes públicos no nos dedicamos a restaurar ningún significado constitucional, nos dedicamos a hacer efectivo el derecho lingüístico aplicando la ley y lo que dice el Tribunal Constitucional –aseveró–. Hay mucha jurisprudencia sobre esto y espero que no pretenda usted erigirse en máximo intérprete de la Constitución por encima del Tribunal Constitucional".