
L D (EFE) Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, Lobo manifestó que "no es disparatada" la cuantificación realizada desde algunas organizaciones de consumidores que elevan a 4 millones de euros los gastos sanitarios provocados por los pollos precocinados infectados por salmonella que provocaron la muerte de una persona y requirieron 302 hospitalizaciones. La AESA considera que la empresa Sada cometió "infracciones graves", como mantener a temperatura ambiente la salsa que rociaba a los pollos, y "fallos inexplicables en una gran empresa".
Lobo explicó que se acometieron modificaciones en las tuberías de distribución de la salsa que dejaron un conducto ciego al que no llegaban los productos de desinfección, "cambios que no fueron comunicados a las autoridades sanitarias". Por ello, la inspección sanitaria que se llevó a cabo en las instalaciones de SADA el 26 de julio, dos días antes de que se activara la red de alerta tras la detección de los primeros casos, no detectó irregularidades, ya que en este campo "rige el principio de autocontrol" y son las propias compañías las que deben de informar sobre los cambios para que éstos sea revisados", según explicó.
En este contexto, Lobo enmarcó el Plan Nacional Avanzado de Inspección de Alimentos con el objeto de mejorar la legislación en materia de sanciones y tipificar los delitos con mayor especificidad. El director de la Agencia afirmó que la empresa no ha presentado alegaciones al expediente sancionador impuesto por la Junta de Casilla La Mancha.
En este contexto, Lobo enmarcó el Plan Nacional Avanzado de Inspección de Alimentos con el objeto de mejorar la legislación en materia de sanciones y tipificar los delitos con mayor especificidad. El director de la Agencia afirmó que la empresa no ha presentado alegaciones al expediente sancionador impuesto por la Junta de Casilla La Mancha.
Lobo disculpó la ausencia de la titular de Sanidad, que "estaba de vacaciones" durante la gestión de la alerta la "pésima gestión" de los hechos y la "pésima política de comunicación" llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad. Y achacó las críticas vertidas desde el Grupo popular a "la ausencia de responsables sanitarios". "Esto explica que 698 personas consumieran producto infectados después de notificarse la alarma", agregó.
Lobo rechazó también que la intoxicación constituyera una crisis alimentaria, como alegó el Grupo Popular, ya que, afirmó, para que ésta se produzca debe darse una situación extraordinaria motivada por un problema que "no puede ser prevenido, eliminado o reducido por medios tecnológicos o de control". En este sentido, enmarcó las medidas anunciadas por la ministra para introducir la salmonelosis dentro de las enfermedades de declaración obligatoria.
Lobo rechazó también que la intoxicación constituyera una crisis alimentaria, como alegó el Grupo Popular, ya que, afirmó, para que ésta se produzca debe darse una situación extraordinaria motivada por un problema que "no puede ser prevenido, eliminado o reducido por medios tecnológicos o de control". En este sentido, enmarcó las medidas anunciadas por la ministra para introducir la salmonelosis dentro de las enfermedades de declaración obligatoria.
