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Tras casi 30 años de gobiernos del PSOE, Andalucía sigue a merced de las riadas

Tras casi treinta años de gobiernos socialistas en Andalucía y treinta y uno de gobiernos socialistas y/o de izquierdas en la mayoría de los municipios andaluces y sus diputaciones, el agua ahoga a Andalucía cada vez que cae con algo más de fuerza. Lo que debiera estar ya resuelto, no lo está.

PEDRO DE TENA/ANTONIO BARREDA
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Los ayuntamientos, los colegios de ingenieros, los regantes y los propios funcionarios de la "casa": todos discrepan del modo socialista de gobernar el agua. La riada del Guadalquivir en diversas poblaciones de su cuenca hidrográfica y de su afluente el Genil a su paso por Écija ha vuelto a sorprender a la Agencia Andaluza del Agua por segunda vez en 2010, ya que a principios de año el organismo gestor de los recursos hídricos en Andalucía ya vio cómo el río se desbordaba e inundaba municipios de su vega. Andalucía sigue sin estar preparada para un recurso que le hace mucha falta y que sin embargo, le produce graves daños.

Recuérdese que, hace diez meses, las críticas llovieron sobre la Agencia Andaluza del Agua por su ineficaz manejo de los desembalses. Se le achacó que cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde y el volumen del agua embalsada era tal que no había margen de maniobra para contener la afluencia de líquido por las fuertes precipitaciones y tuvo que desembalsar sin más remedio. Andalucía sufrió un temporal de lluvias desde la Navidad de 2009 hasta mediados de enero de 2010. Tras un paréntesis de aproximadamente un mes, el temporal se recrudeció a mitad de febrero, con la máxima crecida del río hacia el día 25.

Pero los datos, recogidos por El Mundo y ABC, con contundentes. El 25 de febrero de 2010, con toda la cuenca en estado de alerta por las inundaciones registradas a lo largo del curso del río, el caudal circulante era de 2.958,76 m3 de agua por segundo en la presa de Alcalá, considerada un indicador clave por su cercanía a Sevilla capital y a los pueblos en situación de mayor riesgo por su ubicación en el tramo final. A media mañana de ayer, 8 de diciembre, el río circulaba por ese punto transportando 3.247,37 m3/segundo.

Peor aún era la situación en Peñaflor, donde en febrero el Guadalquivir arrastraba 2.141,90 m3/segundo y ayer el volumen de agua era 1.000 m3 más: 3.144,40. Es decir, tras las inundaciones de primeros de año, la cosa sigue igual y los riesgos son los mismos.

El caso Lora del Río

Por poner un ejemplo, la localidad sevillana de Lora del Río ha vuelto a ser víctima de inundaciones. Es la segunda vez en este año. Las zonas que ha cubierto el agua son las mismas anegadas en febrero pasado y todas tienen en común que se construyeron en suelo inundable. Según el Grupo Joly, el alcalde fía la solución al muro de defensa prometido desde 1996.

Sus vecinos llevan desde ese año oyendo que se va a construir un muro de defensa que contenga las avenidas del río. El alcalde Francisco Javier Reinoso (PSOE) rechaza otras opciones y fía la solución en el muro de defensa, en reunificar los vertidos y en una estación depuradora de aguas residuales que evitará la subida del nivel de agua por los alcantarillados y sumideros.

La cuestión es que se necesitan al menos dos años de obra y tramitación y que no hay dinero con la crisis. Según Reinoso, el proyecto está listo en manos de la Junta a la espera de licitación y adjudicación de obra. Sólo el muro costaría 4 millones de euros. El alcalde asegura que "hay un compromiso del [anterior] presidente de la Confederación Hidrográfica desde las últimas riadas de febrero y confía en que se va a ejecutar". También culpa del retraso a los ecologistas que en 2007 alegaron contra el proyecto y "lo paralizaron totalmente, hasta hace un año no se ha retomado el tema salvando esas alegaciones".

El municipio ha sufrido al menos cuatro riadas desde 1996. La promoción más nueva que se ha inundado (Virgen de Setefilla) fue autorizada por el Ayuntamiento con el argumento de que el proyecto que presentó la constructora tenía la cota adecuada. La denuncia de la Fiscalía y el aviso de la Confederación llevaron un año después al Ayuntamiento a denegar la licencia de habitabilidad, pero se inició un litigio judicial con los vecinos que aún sigue en el aire. El Consistorio cree que el muro de contención salvará del agua éstas y las demás viviendas. Las otras promociones en zona inundable, las casas del Churre al borde del castillo y las de la Alameda, son muy antiguas, con más de 50 años de existencia, según los vecinos.

Desde el PA, el viceportavoz en la Diputación Provincial de Sevilla, José Antonio Sánchez Rodríguez, achacó ayer a la "mala planificación" de la Junta de Andalucía las inundaciones porque "no se ha desembalsado con tiempo suficiente, sino de golpe, lo que ha empeorado la situación", y añadió que la gente se queja del aviso tardío de la lluvia torrencial.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) valoró la situación sobre el terreno, a petición del alcalde de Lora Río y de la dirección del Plan de Emergencia, y se ha puesto a disposición del municipio para las labores de limpieza y retirada de lodo y basura.

El caso Montoro

Según información recogida por Libertad Digital, en esta localidad cordobesa hace algo más de un año se anunció a bombo y platillo desde el Ayuntamiento de Montoro la regeneración de los márgenes del Guadalquivir a su paso por esta población. Cuando estaban a punto de comenzar las obras, se presentó el temporal de agua del año pasado por estas fechas aproximadamente. Como consecuencia, se desbordó el Guadalquivir.

No obstante y a pesar del reciente desbordamiento del río, la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza del Agua y del Ayuntamiento de Montoro, con fondos de la UE, siguieron adelante con el proyecto de regeneración de los márgenes, cuyos trabajos se han realizado durante todo este verano desde que las aguas del río volvieron a su cauce. Durante todo el verano, la empresa adjudicataria ha estado incluso trabajando en sábados durante todo el día, independientemente de hacerlo a diario hasta que se ponía el sol, y los domingos hasta mediodía. Se había dotado los márgenes del río de senderos, mediante el movimiento de toneladas de piedra, colocación de bancos rústicos de madera, barandillas de madera etc. etc.

Ahora las lluvias han vuelto a desbordar el río a su paso por esta población y han arruinado todo el trabajo hecho sin que se sepa cuántos millones de euros se han empleado hasta ahora.

El desastre de la gestión del agua: crece la libre designación y decrece la profesionalidad. Ingenieros y regantes, en contra de la Junta

La Junta de Andalucía se hizo con la gestión del agua en Andalucía desde 2005, fecha en la que se consumó el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur, que se convierte en Cuenca Mediterránea Andaluza. Un año después se traspasan Guadalete y Barbate, además del Tinto, Odiel, Piedras y subcuenca del Chanza, que dan lugar a la Cuenca Atlántica Andaluza. Por ese tiempo se creó la Agencia Andaluza del Agua inscrita en la Consejería de Medio Ambiente. Al frente de cada cuenca se nombró un director general, y por encima de ellos la figura del director gerente: primero Juan Corominas, después Jaime Palop y en la actualidad Juan Paniagua. Para cada provincia se designó un director de la Agencia, cuyas funciones las realiza el delegado de la Consejería, y a sus órdenes, un gerente de libre designación. Así lo resume ABC

El 1 de enero de 2009, ya con el nuevo Estatuto de Autonomía, se transfiere la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que pasa a depender también de la Agencia del Agua, momento en el que se produce un nuevo cambio en los responsables de la gestión de este organigrama. En ese momento existían tres direcciones generales y el Instituto Andaluz del Agua, pero la llegada de las competencias del Guadalquivir hizo que se rompiera el modelo de las direcciones por cuenca, apareciendo lo que se ha llamado "la guerra feudal del agua", de forma que cada provincia puede ejercer su particular presión para obtener beneficios. Desde entonces regantes y colegios de ingenieros, de forma especial, vienen planteando la necesidad de recuperar la unidad de cuenca, entre provincias y entre comunidades. El traspaso del Guadalquivir lo recurrió la Junta de Extremadura al Tribunal Constitucional. Y es que este río pasa además por otras dos autonomías, Murcia y Castilla la Mancha, si bien la mayor parte es "andaluz".

Las protestas que ahora protagonizan los funcionarios de la Junta por el Decreto de Reordenación de la Administración Autonómica ya se produjeron también cuando la Agencia Andaluza del Agua comenzó a dar sus primeros pasos. Los funcionarios transferidos del Ministerio bajaron su nivel en la relación de puestos de trabajo de la Junta. Otra medida fue la desaparición del requisito de titulación a la plaza, por lo que cualquier titulado (en Historia o en Químicas, por ejemplo) podría presentarse como jefe de explotación de una presa o como director de una obra hidráulica.

Ahora la cosa es incluso más grave. El decretazo de Griñán acaba con la Agencia Andaluza del Agua. Todo el personal pasará a la Consejería de Medio Ambiente, y de forma voluntaria los trabajadores se incorporarían a una nueva Agencia. Tendrán que pedir una excedencia, y aunque las condiciones profesionales no cambian, los regantes consideran que la estrategia de la Junta no es otra que repercutir el coste de la administración del agua en lo usuarios, con un incremento notable de los precios, y eliminar progresivamente la participación de los agentes vinculados al agua en la toma de decisiones. Además, entiende que con los cambios que se prevén se va a perder una administración especializada en agua que quedará difuminada en Medio Ambiente.


El PP mantiene una dura oposición a la política hidráulica de la Junta, Tras la vergonzosa aprobación en julio de la Ley de Aguas (el Parlamento tuvo que rectificar un primer texto en el que el PSOE apoyó por error enmiendas de los populares), Javier Arenas valoró negativamente la norma y optó porque fueran los ayuntamientos los que presentaran mociones para recurrir la normativa. En una reciente conferencia, Antonio Pérez Marín, doctor en Derecho, consideró la Ley de Aguas "innecesaria, inoportuna y posiblemente inconstitucional".

En 2007, hasta El País informaba de que no había defensa ante las lluvias torrenciales

Decía El País en noviembre de 2007: "Las lluvias torrenciales son un fenómeno común en Andalucía. Año tras año se repiten y suelen poner en evidencia la falta de preparación de las infraestructuras locales o el deficiente mantenimiento de los sistemas de canalización y desagüe. Pueblos inundados, vecinos aislados, calles destrozadas, vías cortadas. Éste es el habitual panorama que deja el paso de cualquier frente intenso". Por entonces se llevaban ya 25 años de gobierno del PSOE en la Junta, y casi treinta en 600 pueblos andaluces. En 500 pueblos, gobierna el PSOE desde 1979 y, además, ha gobernado 25 años en casi todas las Diputaciones.

Un mes antes, el propio periódico daba estos datos:

- De los 1.099 puntos de riesgo de inundaciones, 115 son de alta peligrosidad

- Granada es la provincia con más puntos peligrosos (44), y Huelva la de menos (3)

- La Agencia del Agua recoge dos millones de metros cúbicos de residuos

- La CHG gastará 187 millones en defender las poblaciones. La Agencia del Agua, unos 70

- La Agencia abre 2.462 expedientes por invasión de cauces y vertidos

Según el director de la Agencia, Juan Corominas, la situación había ido a peor por el exacerbado desarrollo urbanístico. La pregunta de sentido común es: ¿y quién ha gestionado el urbanismo en los últimos 25 años de la historia andaluza? Lamentable. Y sólo desde 2005 se prohíbe tapar y canalizar ríos, arroyos y torrentes. Vamos, un desastre de gestión del agua y del urbanismo: casi 1.100 puntos de peligro de riada y 115 son de alta peligrosidad. ¿Ha cambiado algo desde entonces?

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