L D (EFE)
En la vista oral celebrada hace unas semanas el fiscal solicitó una pena de 18 años de cárcel para el acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El procesado, un empresario del sector de la construcción, contrató a dos hermanos ecuatorianos y no les dio de alta en la Seguridad Social porque no tenían permiso de residencia ni de trabajo.
A pesar de ello, la juez encargada del caso considera que el acusado no explotó a los dos inmigrantes ni se aprovechó de ellos, por lo que su actuación no puede ser castigada con penas de cárcel y, en todo caso, debe ser sancionada administrativamente. La sentencia señala que "aunque el derecho administrativo considera grave usar trabajadores extranjeros sin papeles, en el ámbito penal son necesarias condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que los empleados tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
Asimismo añade que para aplicar penas de prisión "se exige, además de la contratación de trabajador ilegal, que se le perjudique en sus derechos laborales mínimos sabiendo que el trabajador ilegal no puede reclamar delante de los organismos administrativos competentes por su condición de tal". Los dos hermanos ecuatorianos denunciaron al empresario por pagarles con un cheque de 344 euros que no pudieron hacer efectivo por falta de fondos. En la vista oral, el acusado se comprometió ante el juez a pagar todo el dinero que les debe.
A pesar de ello, la juez encargada del caso considera que el acusado no explotó a los dos inmigrantes ni se aprovechó de ellos, por lo que su actuación no puede ser castigada con penas de cárcel y, en todo caso, debe ser sancionada administrativamente. La sentencia señala que "aunque el derecho administrativo considera grave usar trabajadores extranjeros sin papeles, en el ámbito penal son necesarias condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que los empleados tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
Asimismo añade que para aplicar penas de prisión "se exige, además de la contratación de trabajador ilegal, que se le perjudique en sus derechos laborales mínimos sabiendo que el trabajador ilegal no puede reclamar delante de los organismos administrativos competentes por su condición de tal". Los dos hermanos ecuatorianos denunciaron al empresario por pagarles con un cheque de 344 euros que no pudieron hacer efectivo por falta de fondos. En la vista oral, el acusado se comprometió ante el juez a pagar todo el dinero que les debe.