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Una experta ironiza en el Congreso sobre regular la prostitución como una profesión con título y los hijos como "accidente laboral"

La regulación de la prostitución exigiría contemplarla como una "profesión de alto riesgo", a la que se llegara tras una carrera de formación de al menos tres años, por la que se obtuviera un título académico y contemplara a un hijo fruto de una relación como un cliente como un "accidente laboral". Así lo planteó irónicamente en la ponencia que estudia este fenómeno en el Congreso la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Noche buscando el Día (AMUNOD), Francisca de Lucas. UGT opta por abolir la prostitución.

La regulación de la prostitución exigiría contemplarla como una "profesión de alto riesgo", a la que se llegara tras una carrera de formación de al menos tres años, por la que se obtuviera un título académico y contemplara a un hijo fruto de una relación como un cliente como un "accidente laboral". Así lo planteó irónicamente en la ponencia que estudia este fenómeno en el Congreso la presidenta de la Asociación de Mujeres de la Noche buscando el Día (AMUNOD), Francisca de Lucas. UGT opta por abolir la prostitución.
L D (Europa Press) De Lucas compareció esta tarde ante la Ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer que estudia la posibilidad de regular la prostitución voluntaria. "Las estudiantes harían después prácticas en los clubes para aprender de las profesionales cómo hacer bien una felación y dejar al cliente contento --continuó--. Si después de todo ello, quieren ser prostitutas se les da una certificación para que no haya intrusismo".
 
De este modo, trataba de ilustrar ante las parlamentarias que estudian la materia cómo la discusión abierta sobre la regulación o no de la prostitución se está desarrollando con un desconocimiento total del  fenómeno, un "debate viciado que no se ha parado a analizar la realidad". "Quien cae en la prostitución lo hace por desconocimiento o porque no tiene acceso a otras alternativas, pero nunca se elige en libertad", dijo de Lucas, que aseguró hablar en nombre de 450 ex prostitutas atendidas por su asociación en nueve años.
 
Del mismo modo, criticó la regulación pretendida en Cataluña que abre la posibilidad de que las prostitutas formen cooperativas. "Si una cooperativa no renueva su decoración a los seis meses, y en el caso de las prostitutas su decoración son sus propios cuerpos, está abocada al fracaso", advirtió. En la misma línea, consideró absurdo centrar el debate en la cotización de las prostitutas a la Seguridad Social. "¿De qué les sirve cotizar hasta los 30 años, cuando ya son unas ancianas, si no van a poder jubilarse hasta los 60?", se preguntó.
 
UGT pide la abolición
 
Su postura, "radicalmente" en contra de cualquier regulación y a favor de la erradicación y la puesta en marcha de medidas de prevención con recursos suficientes, fue plenamente compartida por la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha y la portavoz de la Plataforma de Organizaciones de Mujeres para la Abolición de la Prostitución, Rosario Carracedo, que también comparecieron ante la Ponencia. "No es posible hablar de derechos laborales en un mundo en el que no existen derechos humanos", señaló Fontecha. El sindicato ha advertido de que reconocer a las prostitutas como trabajadoras autónomas o permitir cooperativas les obligaría a facturar y revelar los datos de sus clientes, algo que considera totalmente "contradictorio" con la naturaleza clandestina de esta práctica.
 
En la misma línea, Carracedo apuntó que lo que tienen que hacer los poderes públicos es luchar para erradicar la industria del sexo y perseguir a los proxenetas. Incluso, considera "muy conveniente" que desaparezcan los anuncios por palabras de los medios de comunicación. "España es el único país de la UE en el que se publican estos anuncios en la prensa seria --precisó--. Estamos convencidas de que los medios de comunicación renunciarán al pastel en aras de los derechos humanos". En definitiva, las tres expertas consideran que regular cualquier tipo de prostitución sólo favorece a la industria del sexo y genera impunidad, al tiempo que fomenta una "cultura masculina" que legitima el acceso por precio al cuerpo de la mujer.

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