El Defensor del Pueblo realizó una visita sorpresa al Hospital de Salud Mental y tratamiento de Toxicomanías La Robleda, en Galicia, y se llevó una desagradable sorpresa. Esta inspección rutinaria ha destapado numerosos castigos a personas ingresadas, algunos son encerrados durante semanas, otros aislados o, incluso, a algunos se les ata. Según el informe: "el mero hecho de disponer de castigos" es poco "terapéutico". Sobre las contenciones, apreciaron que son "práctica habitual", a veces "durante semanas" en las que únicamente se desata para higiene personal. Recordemos que este sanatorio lleva medio siglo atendiendo a pacientes de este tipo.... primero se ubicaba en el centro de Santiago de Compostela y, desde 2007 se trasladó a una instalación más moderna a 15 kilómetros de la capital.
Pero, ¿cuáles son las prácticas que se llevan a cabo en este hospital mental? Por ejemplo, el informe destaca dos prácticas y es la contención a una persona tranquila, sin agresividad y que colabora; y otra inmovilización que duró 9 días, seguida de otros 3 más de aislamiento habitacional. Por lo visto, el aislamiento es una práctica común en esta institución. Además, en el informe se pone el foco especialmente en los menores ya que, para este colectivo se cierran dos habitaciones en la segunda planta generando un "falso espacio diferenciado", con acceso a una habitación y a una pequeña sala, y no al resto, causando así un "riesgo aún mayor a una edad crítica".
Y no solamente esto sino que, dentro de las malas praxis descubiertas se habla de la necesidad de extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual. Citan una denuncia de una mujer que relata que se le tocan sus partes íntimas y es insultada, pero no se menciona "resultado" alguno de la comprobación de la veracidad del testimonio a través de las cámaras que funcionan 24 horas. Así mismo, los técnicos se refieren a un funcionamiento "especialmente irregular" de estas cámaras.
Y no solo todo lo ya contado sino que el informe también recoge la discriminación en el acceso a tecnología entre pacientes del módulo psiquiátrico y los del sociosanitario, la ausencia de un programa de deshabituación del tabaco y la falta de un protocolo adecuado para denunciar malos tratos. Asimismo, los inspectores alertan sobre la «politerapia con antipsicóticos» y el uso de la propia cama de los pacientes como «cama de contención», lo que les obliga a dormir en un espacio vinculado a experiencias «altamente traumáticas».
Durante la visita del Defensor del Pueblo, el sanatorio acogía a 94 pacientes, distribuidos entre las áreas de psiquiatría y sociosanitaria. Según la dirección, esta clasificación respondía a criterios de facturación y no al estado de los internos. Además, se detectó un déficit de personal: una única psicóloga atendía a todos los pacientes, ya que su compañero estaba en situación de excedencia, y las actividades recaían en dos monitoras ante la ausencia de una terapeuta ocupacional.
Por si fuera poco, el tiempo medio de estancia en el hospital era de 187,05 días, muy superior a la media en la comunidad gallega, y algunos internos llevaban años ingresados a pesar de presentar una «estabilidad clínica». Y no solo eso sino que, de los 94 pacientes, 42 estaban ingresados de manera involuntaria, 12 eran mujeres y 30 hombres.