Nuevo varapalo judicial a las cismáticas de Belorado: no pueden convertir los monasterios en asociaciones civiles

La Sección Sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha inadmitido el recurso presentado por Laura García de Viedma Serrano —exsor Isabel de la Trinidad, quien fuera abadesa del Monasterio de Nuestra Señora de Bretonera de Belorado en Burgos— y las asociaciones civiles que creó junto con las otras clarisas cismáticas —ya excomulgadas y expulsadas de la vida consagrada— contra el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes así como contra el Ministerio del Interior con el objetivo de transformar las entidades monásticas en liza (Belorado, Derio y Orduña; pertenecientes a la Iglesia católica) en asociaciones civiles culturales y así poder impugnar el nombramiento de Mario Iceta —arzobispo de Burgos— como comisario pontificio, por ende administrador y representante legal de los conventos.

La sentencia del TSJM, con fecha del 11 de junio de 2025, considera que las resoluciones recurridas por las exmonjas no vulneran los derechos fundamentales invocados —libertad religiosa, asociación, intimidad e igualdad—. Cabe recordar que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes confirmó la validez del nombramiento del comisario pontificio como administrador y representante legal de los citados monasterios, y que el de Interior ratificó la imposibilidad de inscribir las entidades religiosas como asociaciones civiles al entender que el procedimiento que no era conforme a Derecho. En ambas resoluciones se reconocía, sin embargo, el derecho de las monjas a separarse de la Iglesia católica y formar nuevas asociaciones o confesiones religiosas, pero al hacerlo —hace ya más de un año— perdían la capacidad de representar legalmente los monasterios en cuestión.

El plan se desmorona

No es la primera vez que las cismáticas reciben un revés judicial. Entre los más duros, el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca cuando rechazó la medida cautelar que solicitaban para que el comisario pontificio se abstuviera de intervenir en la administración, gestión, control de cuentas y representación legal de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.

"De esta resolución se infiere la plena legalidad y validez de la inscripción del nombramiento como Comisario Pontificio en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y su plena capacidad de actuar", señaló la archidiócesis de Burgos en un comunicado emitido tras conocer la decisión judicial.

Roma realizó el nombramiento para —señaló— proteger el patrimonio adscrito a las monjas clarisas, bloqueando cualquier pretensión de sor Isabel (la exabadesa aferrada al cargo) de cambiar de titularidad inmuebles y terrenos, o vender los bienes que haya en el interior de los mismos.

Cuando Iceta empezó a tutelar las cuentas y la gestión del monasterio, lo que se encontró fue que estaban sin fondos (apenas sumaban 6.000 euros, entre todas) y se les acumulaban las deudas. Desde entonces, la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu ha tenido que proporcionar fondos para hacer frente a los gastos y las obligaciones perentorias. La cantidad total ya superaba los 225.000 euros el pasado mes de enero.