
La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 47 años acusada de explotar sexualmente a dos mujeres en un establecimiento de masajes en Valencia. La responsable del local sometía a las víctimas, ambas en una situación de especial vulnerabilidad, a amenazas y coacciones, recurriendo incluso a rituales de brujería para obligarlas a realizar prácticas sexuales con los clientes.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de octubre, cuando agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de Valencia tuvieron conocimiento de un posible delito contra la libertad sexual. Al parecer, una mujer estaba siendo forzada a ofrecer masajes de carácter sexual en un local de la ciudad mediante intimidaciones y amenazas relacionadas con creencias esotéricas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Tras las primeras actuaciones, y en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los agentes realizaron una inspección en el centro de masajes donde presuntamente trabajaban las víctimas. El establecimiento, ubicado en la planta baja de un edificio residencial, se presentaba como un centro de bienestar con apariencia de actividad legal.
Las engañó cuando las contrató
Durante la intervención, los agentes liberaron a dos mujeres que habrían sido captadas por la propietaria del negocio a través de una página web de anuncios en la que se ofrecía empleo como masajista. Ambas aceptaron el trabajo creyendo que se limitaría a la realización de masajes.
No obstante, una vez comenzaron a trabajar, la dueña del local, aprovechándose de su precariedad económica y personal, les exigió inicialmente que realizasen los masajes semidesnudas y, posteriormente, les impuso la realización de servicios sexuales con los clientes bajo amenazas. Para reforzar el control sobre ellas, llegó a utilizar rituales de brujería, aprovechando la creencia de las mujeres en este tipo de prácticas.
Se aprovechó de su situación
La investigada intimidaba constantemente, especialmente a una de ellas, cuya situación administrativa en España era irregular. Además, las amenazaba con despedirlas o imponerles sanciones económicas si no obedecían sus órdenes.
Según la investigación, la detenida se quedaba con la mayor parte del dinero pagado por los clientes, aplicando descuentos por el material utilizado o penalizaciones si el pago se realizaba con tarjeta.
La responsable del local fue arrestada como presunta autora de un delito de prostitución coactiva y explotación sexual. Tras prestar declaración, y al no contar con antecedentes policiales, quedó en libertad. No obstante, deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida.
