Segunda y última sesión del juicio que se celebra desde ayer a puerta cerrada en la Audiencia Provincial de Oviedo al matrimonio que mantuvo encerrado a sus tres hijos, menores de edad, cuatro años. Hoy ha sido el turno de la defensa de los padres de los pequeños que ha alegado que no existió una detención ilegal de los niños, sino que fue un aislamiento voluntario por parte de unos padres por el "miedo insuperable" que sentían al haber estado enfermos de coronavirus.
Es lo que ha dicho a la entrada del juicio Javier Muñoz, uno de los abogados defensores de la pareja. En este sentido, la defensa ha rechazado que se aplique la "etiqueta estigmatizante" de "La casa de los horrores", como ha sido bautizado por los medios de comunicación, porque, asegura, que esa situación "no existe". "Aquí lo que habido es una familia con comportamiento disfuncional, con un comportamiento anómalo, pero, desde luego, no criminal", ha apuntado el abogado tras señalar que se trata de una familia extranjera que "no conoce el idioma" y que "decide autoconfinarse" y educar a sus hijos en casa.
Según ha explicado el abogado de la madre, los padres crearon una "célula en la que han vivido aislados", pero los niños no estaban privados de su libertad ya que podían deambular libremente por el hogar. La defensa ha señalado que los tres niños estaba aseados y "no presentaban malformaciones" y que el hogar "no estaba en la situación que se ha pintado", con zonas "perfectamente ordenadas" y otras en la que había "mucha acumulación de enseres", lo que no supone un delito. La abogada del padre, Elena González, ha sostenido que haber optado por la vía penal para resolver esta situación es "la más perjudicial" porque "se ha desmembrado una familia". "No es una situación ortodoxa, pero, desde luego, no es una situación criminal. Es una cuestión puramente asistencial de una familia con problemas y un comportamiento anómalo", han sostenido.
Piden 25 años de prisión
La defensa del matrimonio pide su absolución. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce el Gobierno asturiano, solicitan 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.
El Ministerio Público sostiene que los padres mantuvieron encerrados a sus hijos entre diciembre de 2021 y abril de 2025 por un "miedo infundado a un hipotético contagio" y durante todo ese tiempo no fueron escolarizados ni tuvieron seguimiento sanitario alguno.
Los dos gemelos, que entonces tenían ocho años, y su hermano, que contaba diez y que ahora viven bajo la tutela del Gobierno asturiano, estuvieron aislados de forma absoluta del mundo ya que, siempre según la versión del ministerio público, se les negó todo contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación.