
Un trabajador que fue despedido después de que se activara una alarma de incendios mientras utilizaba un vapeador en el baño de una fábrica ha logrado que la justicia le dé la razón. El tribunal ha considerado que su expulsión no estuvo suficientemente justificada y ha obligado a la empresa a indemnizarlo con más de 22.000 libras.
El incidente que provocó el despido
Luke Billings, empleado durante más de diez años en una fábrica de Nestlé situada en Staffordshire (Reino Unido), fue despedido tras un incidente ocurrido en octubre de 2023. Según informó el medio MetroUK, una alarma de incendios se activó dentro de las instalaciones y las cámaras de seguridad mostraron al trabajador entrando en un baño poco antes del suceso.
Durante la investigación interna, la compañía revisó las grabaciones e interrogó al empleado sobre el uso de vapeadores. Billings reconoció que utilizaba estos dispositivos en su vida personal, aunque no admitió haber vapeado durante su jornada laboral.
Nestlé consideró que el incidente suponía una falta grave. La empresa alegó que la activación de la alarma generó un riesgo para la salud y la seguridad en la fábrica, además de provocar una pérdida de producción. También sostuvo que había perdido la confianza en el trabajador al considerar que no estaba diciendo toda la verdad durante el interrogatorio.
La justicia declara el despido improcedente
El caso terminó ante un tribunal de empleo en Nottingham, que finalmente concluyó que la empresa no tenía base suficiente para despedirlo. Los jueces consideraron que la medida adoptada fue desproporcionada y declararon el despido improcedente. Como resultado, Billings recibió una compensación de 22.216 libras, a la que se sumó una cantidad adicional correspondiente a los salarios que habría percibido al reincorporarse al trabajo aproximadamente un mes después del incidente.
Durante el proceso judicial, el trabajador defendió que su despido estaba relacionado con su situación médica, ya que regresaba al trabajo después de un año de baja por enfermedad y depresión. Sin embargo, el tribunal rechazó que existiera discriminación por discapacidad y determinó que el despido se produjo principalmente porque el empleado no admitió su responsabilidad ni pidió disculpas por lo ocurrido.
Aun así, los magistrados concluyeron que la decisión de la empresa no estaba suficientemente justificada y que el trabajador debía ser compensado económicamente por el despido improcedente.


