El Gobierno de la Comunidad Valenciana se sumará al bloque de defensa de las empresas que tuvieron que dejar Cataluña en pleno golpe separatista. Y lo hará justo cuando Junts recuerda al PSOE su compromiso de impulsar el regreso de las empresas huidas por culpa del separatismo y la violación de la seguridad jurídica.
El plan de Junts para que las empresas que huyeron regresen a Cataluña ya está encima de la mesa: incentivos fiscales para las que regresen voluntariamente y multas para las que decidan libremente elegir el lugar de su sede fuera de Cataluña.
Y el compromiso pactado entre el partido de Carles Puigdemont y Pedro Sánchez también es conocido: Junts y el PSOE introdujeron en su documento de gobernabilidad un apartado con el siguiente redactado: "Se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".
Es decir, que, evidentemente, más allá de las sanciones, el PSOE aceptó diseñar un plan para impulsar el retorno de empresas que decidieron irse libremente y que sólo libremente deberían decidir retornar, no por medio de la regulación de reformas que hagan prioritaria y aún más privilegiada a Cataluña, algo que, obviamente, iría en contra de los intereses y derechos del resto de territorios españoles.
Rechazo al plan de Junts
Por eso, el Gobierno valenciano ha elaborado un documento de rechazo del plan de Junts en el que recuerda que se trata simplemente de una coacción contra la libertad empresarial: "Es una ocurrencia más dentro de sus exigencias fuera de todo lugar, una amenaza que no va a ir a ningún sitio", señala el Ejecutivo de Carlos Mazón.
Una de las comunidades que más empresas acogió tras el golpe separatista en Cataluña fue la Comunidad Valenciana. Y, por ello, sería una de las más agraviadas si se materializara este plan. Empresas como Caixabank o Banco Sabadell salieron de Cataluña en aquel momento y el Gobierno de Mazón quiere ayudar en la defensa de que sean ellas las que libremente elijan donde establecen su sede social.
Así, el Gobierno valenciano ha confirmado ya que va a adoptar todas las iniciativas necesarias para salvaguardar los derechos de las empresas y que evitará la salida forzada de esas compañías generando una "alfombra roja" de incentivos para que las empresas que quieran instalarse en la Comunidad Valenciana, puedan hacerlo con ayudas fiscales y de eliminación burocrática.
"No hay ningún plan especial ante la amenaza de Junts porque no va a ir a ningún sitio", ha señalado el Gobierno de Mazón. Lo que hay es "un firme compromiso de que la Comunidad Valenciana sea cada vez más atractiva para todas las empresas", ha subrayado. El Gobierno regional ha trasladado igualmente su sensación de que "no siente ninguna amenaza de fugas de empresas a Cataluña porque en la Comunidad Valenciana son bien acogidas".