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Retrasa la jubilación a los 67

El Gobierno reduce un 9% las futuras pensiones públicas

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley de reforma de las pensiones con lo que el texto quedará listo para su trámite parlamentario.

Libre mercado

El Gobierno ha dado luz verde este viernes a la reforma de las pensiones públicas en España, que se lleva negociando desde hace meses. La modificación del sistema actual retrasará la edad de jubilación a los 67 años, ampliará el período de cálculo de los 15 a los últimos 25 años cotizados y permitirá jubilarse a los 65 con 38,5 años cotizados.

Según la OCDE, dicha reforma recortará las futuras pensiones una media del 9% (pasarán a suponer un 81,2% del salario medio al 73,9%). Además estarán sometidas a una rebaja continua según vaya aumentando la esperanza de vida de los jubilados españoles y caiga el ratio entre número de trabajadores y empleados. Trabajo tiene razón en que es un texto de consenso (aunque esto no tiene por qué ser positivo). Pero obvia que la actual reforma será la primera de otras muchas. Mientras, nadie ha presentado la opción de avanzar hacia un sistema de capitalización y ahorro, como en Suecia o Chile.

El pacto social

La aprobación de la reforma se ha producido después del visto bueno de los órganos consultivos al anteproyecto consensuado entre el Gobierno y los agentes sociales en el marco del pacto social y económico.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, valoró que el proyecto de ley aprobado responde al "contenido original" del anteproyecto pactado con los interlocutores sociales, al tiempo que calculó que incorpora entre un 70% y un 80% las recomendaciones del informe del Consejo Económico y Social (CES), el que consideró "útil".

Después de que los sindicatos amenazaran al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una nueva huelga general si decidía retrasar la jubilación más allá de los 65 años y tras varias reuniones maratonianas, los interlocutores sociales y el Ejecutivo lograron acercar posturas y sellar el pasado 2 de febrero un acuerdo en esta materia, con algunas indicaciones también sobre negociación colectiva, políticas activas de empleo y energía.

Las claves de la reforma

En concreto, la reforma de las pensiones está previsto que entre en vigor en 2013 y eleve la edad de jubilación en un horizonte de 15 años hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2017. Como otra novedad, se introduce la exigencia de contar con una carrera de cotización de 37 años para poder acceder a cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años actuales. La reforma amplía también de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones.

El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados.

La reforma también contempla que las mujeres y varones puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo.

Becarios

Por su parte, la reforma contempla que los programas formativos remunerados, como las becas, den origen a una cotización de carácter voluntaria, que será equivalente a la que se aporta en los contratos de formación -50 euros-, siempre mediante la firma de convenios singulares con la Seguridad Social.

En este sentido, el ministró desveló que también se contabilizará en la vida laboral los cursos de investigadores, aunque su actividad no implique una remuneración, tal y como sugería el CES. "El Gobierno está satisfecho con el resultado del proceso de conversión del anteproyecto en proyecto de ley", indicó Gómez, para terminar congratulándose por el cumplimiento de plazo fijados por el Gobierno: "Hemos cumplido lo que dijimos".

Sobre la recomendación del CES de basar la sostenibilidad del sistema más allá de la esperanza de vida, Gómez defendió este aspecto como "factor detonante" para la revisión del sistema cada cinco años una vez que se complete la entrada en vigor de los nuevos cambios. "El factor detonante tiene que ser siempre la esperanza de vida para un sistema de reparto", sentenció.

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