La solemne apertura del año judicial ha estado marcada este año por las críticas a las reformas acometidas por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y por el desafío soberanista de Cataluña.
El primero en tomar la palabra en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha sido el fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce quien en presencia del rey don Juan Carlos -al que ha calificado como "símbolo de la unidad"- ha querido comenzar su intervención aludiendo al artículo 2 de la Constitución sobre la "indisoluble unidad de la nación española".
En su discurso, donde se ha presentado la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2012- Torres Dulce se ha mostrado muy crítico con la reforma del Código Procesal Penal -Ley de Enjuiciamiento Criminal- diseñada por el ministro Gallardón y donde se dejará la instrucción prácticamente en manos de los fiscales. "Es precisa una somera reflexión sobre el borrador del Código Procesal Penal difundido por el Ministerio de Justicia a principios de este año, toda vez que anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro", en referencia a que la instrucción dirigida por el fiscal será siempre supervisada por un tribunal de garantías.
"Debo advertir que este texto, que presenta aciertos innegables en otras áreas, incurre en la fase preparatoria de una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle, al mismo tiempo, la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término", añadió.
"Los modelos al uso en los países de nuestro entorno se basan precisamente en la idea contraria: el monopolio o el control de la potestad investigadora por el fiscal, sin perjuicio de que sus decisiones puedan ser impugnadas y contradichas en la fase intermedia del proceso".
Para Torres-Dulce la atribución de la investigación al fiscal exige reforzar su autonomía mediante una reforma en paralelo de su Estatuto Orgánico. "Necesitamos proteger la libertad de criterio del fiscal instructor y modular con claridad los motivos de su abstención y recusación, así como el régimen de designación de Fiscales, sustitución y avocación de causas, que ha de ser transparente para las partes del proceso y la ciudadanía general", ha dicho.
El 'lapsus' del Rey
Sin embargo, ésta no ha sido la única reforma que el titular de Justicia ha visto criticada en la Apertura de Tribunales. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gonzalo Moliner ha reprochado al ministro el nuevo sistema de elección de miembros del órgano de gobierno de los jueces.
El magistrado ha expresado su deseo porque "el diseño y organización de la Administración de Justicia se lleve a cabo con el máximo consenso entre las diversas fuerzas políticas parlamentarias". En este sentido, Moliner ha instado a que la reforma de del Consejo se haga "por consenso" y "no por cuotas".
La anécdota del día se ha producido cuando el Rey debía darle la palabra al presidente del Supremo. En ese momento, Su Majestad ha tenido un lapsus y ha vuelto a nombrar al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ya le había precedido en el uso de la palabra.