JUCIL, la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, ha remitido un escrito urgente al ministro del Interior, Fernando Fernando Grande-Marlaska, para protestar por el traspaso de competencias de la Benemérita a la Policía Nacional en las localidades devastadas por las inundaciones. La asociación denuncia que "no se han agotado todos los medios de la Guardia Civil, ya que hay unidades específicas activables y agentes voluntarios". Y que, mientras, el ministro, les quita poder.
JUCIL ha enviado una solicitud formal tanto al Ministerio del Interior como a la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) para expresar "su preocupación por la decisión reciente de transferir las competencias de la Guardia Civil a la Policía Nacional en varios municipios de la provincia de Valencia, tras las devastadoras inundaciones que han afectado a la región".
"Esta transferencia de competencias no responde a criterios operativos justificados y además fue adoptada de manera precipitada. Los guardias civiles fueron los primeros en acudir al lugar de los hechos, auxiliando a las víctimas desde las primeras horas hasta que llegaron más refuerzos", explica Ernesto Vilariño, Secretario General de JUCIL.
JUCIL solicita que se considere el refuerzo de la Guardia Civil en Valencia
Benetússer, Sedaví, Massanassa, Alfafar, Aldaia y las pedanías de La Torre y Horno Alcedo, en la provincia de Valencia, son los municipios en los que JUCIL denuncia que se ha producido ya "esta injustificada transferencia de competencias. JUCIL también ha solicitado que se considere el refuerzo de la Guardia Civil, señalando que existen unidades específicas activables, como el ARS, USECIC, GEAS, GAR, Seguridad Ciudadana y cualquier otra especialidad que pueden ser movilizadas para ofrecer el apoyo operativo necesario". La asociación señala que "ante la gravedad de la situación, no creemos que la solución pase por la retirada de competencias de la Guardia Civil, sino por proporcionar los refuerzos necesarios".
Además, la asociación envió el pasado sábado un listado a la DGGC con más de 700 agentes voluntarios. "No se han agotado todos los medios de la Guardia Civil. Muchos compañeros están dispuestos a acudir a las zonas afectadas y ayudar en las distintas labores", afirma Vilariño.
Finalmente, JUCIL ha solicitado aclaraciones sobre la legalidad de la decisión, ya que se puede estar incumpliendo la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Pedimos información sobre la normativa legal que fundamenta esta decisión, los criterios policiales valorados para su adopción, la duración prevista de la medida, y si fue comunicada a las jefaturas de las unidades afectadas, así como los términos de dicha comunicación", subraya JUCIL.
Además, JUCIL ha aprovechado la solicitud para trasladar su pesar más profundo por los compañeros y demás ciudadanos que han perdido la vida en estas inundaciones. "Estamos seguros de que se articularán con carácter urgente medidas de apoyo a sus familias para asegurar su bienestar y estabilidad en estos momentos tan dolorosos", finaliza JUCIL.