La Operación Campeón puede convertirse en la tumba política de José Blanco que, de momento, sigue decidido a continuar en el Gobierno y repetir en las listas del PSOE el 20-N.

El ministro de Fomento –que había sorteado hasta ahora otros escándalos en su accidentada carrera política, como el de su ático en Villa PSOE– ha anunciado en un comunicado remitido únicamente al diario El Mundo que presentará una querella contra el empresario Jorge Dorribo, que le acusa del cobro de comisiones en lo que sería un delito de cohecho.

Una respuesta que ha quedado diluida por la dimisión de los otros dos políticos señalados por Dorribo: ­Pablo Cobián, diputado autonómico del PP gallego, y Fernando Blanco, del BNG­­. Ante la misma acusación, dentro del mismo caso, la comparación entre la reacción de uno y otros es inevitable. Más todavía, cuando el cargo que desempeña José Blanco, ministro de Fomento y portavoz del Gobierno de España, es de mucha más responsabilidad que el de un simple diputado regional.

Los detalles que han salido a la luz han hecho que el escándalo tome un cariz cada vez más adverso para José Blanco. El encuentro con el empresario procesado en una gasolinera, una imagen con claras reminiscencias gansteriles, que el propio ministro ha tenido que reconocer, deja la defensa de la inocencia de Blanco en una posición muy difícil de cara a la opinión pública.

Por si fuera poco, la supuesta presencia de agentes del CNI que estarían siguiendo a la jueza San José –instructora del caso– enturbian todavía más el caso. De confirmarse este extremo, desvelado por la prensa local, el ministro tendría que enfrentarse junto a la acusación de cohecho, a la de utilizar los servicios de inteligencia del Estado en beneficio propio.

Desde el PP creen que más allá del recorrido judicial que puedan tener las acusaciones de Dorribo, la respuesta de Blanco ha sido manifiestamente insuficiente y debería asumir su responsabilidad política. La pregunta, ante la inmediatez de las elecciones, es si "se va a atrever a ir en las listas" del 20-N.

Además, recuerdan la trayectoria del ministro y su vara de medir cuando las acusaciones de corrupción iban dirigidas a políticos del PP. Las más recientes en el caso de Francisco Camps, cuya dimisión exigió por activa y pasiva, antes de que se pronunciase la Justicia y basándose en las declaraciones de personajes como Álvaro Pérez El bigotes.

Desde que este martes saltó el escándalo, en la calle Génova no dejan de recordar el dedo acusador de José Blanco sobre los cargos del PP que en estos últimos años fueron sometidos a la conocida como "pena de telediario", que aparecían esposados en televisión y horas después quedaban libres sin cargos.

La noticia ha supuesto un nuevo varapalo a la campaña de Pérez Rubalcaba. El candidato socialista trató de defender al ministro, restando credibilidad a las declaraciones del empresario por haber estado en la cárcel. Un argumento que ya ha sido rebatido por el PP, al recordar a Rubalcaba cómo él mismo no aplicó este criterio en otros asuntos como el caso Gürtel.